La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, compareció hoy en la Asamblea de Madrid para explicar los presupuestos de su departamento para el año 2012, unas cuentas que ella misma calificó como coherentes y responsables ante la actual situación económica, ya que no afectará a servicios esenciales pero si contempla importantes medidas de ajuste para reducir los gastos generales.

De esta forma, la responsable regional expuso que el presupuesto global para el próximo año en el área que dirige será de 719,7 millones de euros, un 2,97% menos que el año 2011, si bien ese descenso alcanza el 10,17% en el caso de los gastos corrientes, principalmente en los capítulos de alquileres de edificios de justicia y los gastos asociados a los mismos, como vigilancia, limpieza o electricidad.

En este sentido, Plañiol aseguró que este importante plan de ahorro permite mantener e incrementar la calidad de los servicios, no sólo de la Consejería de Presidencia, sino de toda la Comunidad de Madrid, donde se apuesta por fomentar los servicios sociales frente a los gastos superfluos, destinando 9 de cada 10 euros a este fin.

En el caso concreto de Justicia, se llegará a incrementar su presupuesto en cerca de medio millón de euros hasta alcanzar los 362,4 millones. Esta partida refleja un importante compromiso para modernizar este servicio, así como para mantener el empleo público, aumentando incluso el gasto destinado al personal un 6,5%. Hay que tener en cuenta que en la Administración de Justicia trabajan 6.764 empleados públicos repartidos entre más de 528 órganos judiciales.

En total, la Consejería que dirige Regina Plañiol cuenta con una plantilla de 10.344 empleados públicos, a los que se destina 387 millones de euros. No obstante, este departamento autonómico también se encarga de la prevención de riesgos laborales y protección de la salud de todos los trabajadores de la Administración regional, así como de su formación.
A este último apartado, la Comunidad de Madrid destinará 7,7 millones de euros, lo que supondrá un importante esfuerzo pues la partida que transfería el Gobierno central a este ámbito se ha reducido un 21% y tendrá que ser suplida en parte por el Ejecutivo autonómico.

Protección Ciudadana y Seguridad

La Dirección General de Seguridad y la Dirección General de Protección Ciudadana seguirán siendo dos pilares fundamentales de la Consejería de Presidencia y Justicia. En el caso del primero, con un global de 116 millones de euros, se seguirá invirtiendo en el proyecto BESCAM, la implantación de la red de comunicaciones digitales terrestres y la renovación de los convenios de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

Por su parte, los 114,2 millones del área de Protección Ciudadana se destinarán fundamentalmente a la lucha contra incendios, con un importante esfuerzo en recursos humanos y en medios tecnológicos. Así, se seguirá implantando un proyecto de comunicaciones digitales que facilitará la coordinación y rápida respuesta en situaciones de urgencia y emergencia, mejorando el servicio y dando también mayor seguridad a los trabajadores al tener su localización georeferenciada.

En el ámbito de las emergencias, el Centro de Coordinación 112, recibe al año más de 6 millones de llamadas con un tiempo medio de respuesta de 8 segundos. A la gestión de este programa se dedicarán casi 15 millones de euros, con los que se espera seguir teniendo una altísima valoración por parte de la ciudadanía, superior a 9 sobre 10.

Menores infractores

 La consejera quiso dedicar en su intervención un apartado especial a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), que contará en el 2012 con un presupuesto cercano a los 40 millones para mantener la importante red de centros que permite atender la ejecución de medidas de internamiento, así como aquellos programas que contemplan medidas judiciales en centros abiertos, libertades vigiladas y medidas extrajudiciales. El objetivo en este organismo también será reducir gastos innecesarios para mantener la alta calidad de su servicio, que lo demuestra el hecho de que un 90% de los menores que son atendidos en los centros del ARRMI no vuelven a reincidir.

Finalmente, Plañiol hizo referencia a la Agencia Madrileña para la Emigración (AME), donde el gasto se reduce un 13,3 por ciento y se simplifica a poco más de un millón de euros, así como a la Agencia de Protección de Datos, ente de derecho público con autonomía de funcionamiento, donde la disminución del presupuesto es de un 2%, con lo que su gasto sólo asciende a 2,2 millones.

“En definitiva –concluyó la responsable autonómica- estos presupuestos siguen la senda de la austeridad y de la estabilidad, sin gastar más de lo que tenemos pero reordenando las partidas para garantizar servicios de calidad a los ciudadanos”.

Publicado en: diariojuridico.com