El pasado 3 de diciembre de 2011, se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bajo el lema “Juntos, por un mundo mejor para todos: incluidas las personas con discapacidad”, el objetivo de este año es resaltar el hecho de que las personas con discapacidad encuentran muchas desventajas en la sociedad y, con frecuencia, son objeto de estigma y discriminación.

Si tenemos en cuenta que alrededor de un 10% de la población mundial sufre alguna discapacidad, es imperativo aunar esfuerzos para, por un lado, garantizar la igualdad de las personas con discapacidad y, por otro, poner en marcha programas que promuevan la su prevención.

En este sentido, es elemental resaltar el importante avance que se ha logrado con la aprobación definitiva en el Congreso de la Ley General de Salud Pública. Según informaba la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) a finales de septiembre, con la nueva Ley se refuerza una cuestión muy importante para este colectivo, que es la prevención de enfermedades que terminan causando discapacidades.

La nueva Ley incluye un catálogo de políticas dirigidas a la prevención de problemas de salud, para reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades, y atenuar sus consecuencias negativas. Además, establece que la prevención es una acción coordinada multidisciplinar y con acciones en todos los ámbitos sanitarios.

Aunque todavía queda mucho por hacer para conseguir una adecuada intervención sociosanitaria en el campo de la discapacidad, esto supone un buen avance para este colectivo. No se puede olvidar el importante papel de los psicólogos en los programas de prevención, y en la intervención con personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores.

Principales características

El propósito de esta Ley es poner en evidencia que la salud, entendida como el bienestar físico, psíquico y social, es el resultado de numerosos factores y condicionantes que se presentan en el ámbito familiar, social, laboral, educativo, así como de otros factores relacionados con el medio ambiente, la alimentación y los estilos de vida. De ahí que su enfoque se dirija a establecer nuevas formas de organización para conformar acciones que, superando el ámbito de los servicios sanitarios, permitan actuar para conseguir una mejora de la salud de la población.

En definitiva, esta Ley plantea que las actuaciones dirigidas a la mejora de la salud deben ser un tema transversal incorporado en todas las políticas. Para ello, establece una Estrategia de Salud Pública que definirá las áreas de actuación sobre los factores condicionantes de la salud y que aprobará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Esta estrategia determinará los ámbitos de la salud pública en los que, por su especial incidencia en el conjunto de la población, sea de interés fomentar y promover la investigación.

La universalización del SNS ha sido uno de los temas más aplaudidos después de que, aunque el objetivo inicial del Gobierno era impulsar este derecho mediante una ley específica, la ministra del ramo, Leire Pajín, y las comunidades acordaran en el último Consejo Interterritorial del SNS incluirlo en esta norma.

De este modo, todos los grupos han acordado en una enmienda transaccional que la futura ley de Salud Pública extenderá el “derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico”.

Esta medida afecta sobre todo a aquellas personas en paro que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo y a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.

En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea un hecho a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, que se haga de forma paulatina antes de que acabe dicho año. Una medida que según estima el Gobierno, beneficia a cerca de 200.000 ciudadanos y conllevará un gasto para el sistema de entre 60 y 100 millones de euros al año.

Por otro lado, la ley también establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta, también única, de cribados poblacionales.

Publicado en: diariojuridico.com