El Gobierno, mediante una reciente instrucción de la Dirección General de la Policía, ha vuelto a permitir que la solicitud de los NIE (Número de Identificación de Extranjeros), el documento que se exige a los ciudadanos no residentes para poder realizar operaciones económicas u otros actos profesionales o sociales en España, se pueda llevar a cabo mediante un representante legal. 

Así lo establece la instrucción 3/12, del pasado 20 de abril, que reinterpreta el artículo 206.3 del Real Decreto 557/201, que aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería. La rectificación del Gobierno se produce tras registrarse numerosas quejas planteadas por particulares afectados por la negativa de las autoridades españolas a aceptar poderes otorgados a favor de terceros para llevar a cabo los trámites requeridos para la obtención de este documento.

“Tras la entrada en vigor del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, muchos extranjeros han encontrado grandes dificultades para conseguir este documento”, comenta Nerea Azcune, abogada del Despacho Marimón.

“Lo que hasta entonces era una gestión relativamente sencilla, que ejercitaban apoderados en representación de extranjeros que iban a ser designados para cargos de administración en empresas españolas, se convirtió a raíz de una interpretación literal del artículo 206.3. del Real Decreto 557/2011, en un trámite complejo e imposible de resolver sin la personación del interesado ante las autoridades de extranjería en España o ante los consulados o embajadas de España en el extranjero”, explica la letrada.

La lectura restrictiva de la norma, según apunta Nerea Azcune,  “supuso en muchos casos que nombramientos de altos directivos extranjeros en empresas españolas tuvieran que demorarse o modificarse hasta la obtención del NIE, obligando incluso a viajar a España  a estos directivos sólo con este propósito”.

“Sin duda, se trataba de una traba burocrática a la inversión extranjera en nuestro país que era difícilmente comprensible en estos momentos de crisis”, asegura la abogada del Despacho Marimón.

Fundado en 1931, Marimón Abogados reúne actualmente a 40 abogados entre sus oficinas de Barcelona, Madrid y Sevilla, a los que se suman 10 profesionales procedentes del campo de la economía y las ciencias empresariales que asumen las labores de asesoramiento y consultoría en las áreas no jurídicas.

En la actualidad, más del 50% de sus clientes son filiales en España de empresas internacionales, que tienen su sede principalmente en Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Además, asesora a empresas españolas de primera línea en los diversos sectores de actividad.

El Despacho forma parte desde hace nueve años de la red internacional State Capital Group, una alianza con sede en Estados Unidos de la que forman parte 145 firmas independientes de abogados de primer nivel en todo el mundo, con más de 11.500 profesionales en 450 oficinas en los cinco continentes.

Publicado en: diariojuridico.com