Los ministros de Justicia, Interior y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón, Jorge Fernández Díaz, y Ana Mato, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se reunieron ayer por la  mañana con representantes de las principales asociaciones de afectados por el caso de los niños robados.

 Durante el encuentro, Ruiz-Gallardón anunció la creación de un grupo de trabajo, que coordinará el Ministerio de Justicia, en el que intervendrán también Interior y Sanidad, así como los vocales que designará para ellola Fiscalía Generaldel Estado.

 Entre las medidas concretas propuestas por Justicia destaca la de realizar un censo completo de posibles afectados, lo que permitirá concretar la dimensión real del problema. Para ello se facilitará un modelo de ficha que cada afectado deberá completar para ser incorporada a un archivo en el que se incluirá su identidad, domicilio y lugar de nacimiento o parto, así como en qué fecha y centro sanitario tuvo lugar. Incluso si sobrevive o no la persona que hasta ahora se considera progenitora y los datos que se dispongan de ella.

 En esas fichas se dará el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto, y así proceder a su cruce con los que constan en la historia clínica o en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios. Con este objetivo, Sanidad instará la colaboración de los Servicios Autonómicos de Salud y de los centros que dependan de ellos.

Monjas, imputadas

Poco antes de esta reunión de trabajo de estos Ministerios, en los juzgados de Plaza Castilla tenía lugar otro hecho relevante sobre este escabroso asunto. La religiosa María Gómez Valbuena, conocida como ‘Sor María’, se negaba a declarar este  pasadojueves como imputada ante el juez Adolfo Carretero por un delito de detención ilegal y falsedad en documentopor su implicación en el caso de los niños robados por la desaparición de una niña en la clínica Santa Cristina en marzo de 1982.

Sor María llegaba al juzgado a las 08.00 y entraba por una puerta lateral sin que nadie recayera en su llegada. Sor María se acogía a su derecho a no declarar tal y como le ha indicado su abogado José María Calero, abogado también de los padres del Marta del Castillo.

Cerca de una hora después salía acompañada por dos hermanas de su congregación y se montaba en un coche rápidamente intentando esquivar a los numerosos periodistas que se congregaban a la puerta del juzgado.

“Es una atrocidad que Sor María no haya declarado. Queremos conocer la verdad y que exista Justicia. Ayer mismo estuvimos haciendo vigilia frente al convento con lazos amarillos y tres monjas salieron riéndose. No pueden seguir riéndose de nosotros”, aseguraba la presidenta de S.O.S Bebés Robados, María Cruz Rodrigo.

El departamento de Justicia también asumirá la adopción de las medidas necesarias para facilitar la obtención de determinados datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos anotados en los últimos 50 años.

Para facilitar la obtención de conclusiones a partir del cruce de datos aportados por los interesados, Justicia diseñará un catálogo de servicios que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTF), como la verificación de los análisis de ADN que hayan podido hacerse los interesados en laboratorios privados. Esto supone un importante avance ya que hasta ahora el INTF sólo actuaba al servicio de jueces y fiscales.

Además, el Ministerio de Justicia instará al Gobierno a introducir en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, ahora en tramitación, algún tipo de enmienda que facilite el tratamiento de los datos sanitarios y su acceso a ellos cuando el objetivo sea determinar la filiación natural.

Ante la imposibilidad de crear oficinas de atención a las víctimas especializadas en esta materia, se impulsará su atención en las que ya existen, tanto las que dependen del Estado como de las Comunidades Autónomas.

Publicado en: diariojuridico.com