Una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se reunió ayer lunes con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para abordar las necesidades y demandas de las personas con discapacidad en las áreas de actuación de este Departamento para la presente Legislatura.

Entre las cuestiones que planteó el CERMI a la titular de Fomento, estuvo la de mantener el esfuerzo inversor y la calidad de la atención en los servicios de accesibilidad universal de los modos de transporte que dependen del Ministerio. Así, se pidió que se continúen y se mejoren los servicios de atención a viajeros y pasajeros con discapacidad que vienen prestando Renfe Operadora y Adif, en el ámbito del transporte ferroviario, o Aena Aeropuertos, en el transporte aéreo.

Otra de las demandas del CERMI a Pastor ha sido  la modificación de la Ley General de Carreteras para eximir a los vehículos de personas con discapacidad con reconocimiento oficial de movilidad reducida del pago de peaje en autopistas del Estado, como forma de facilitar su movilidad y como compensación a la falta de accesibilidad de los distintos modos de transporte.

De igual modo, el CERMI propuso a Fomento que el 1% cultural asuma la accesibilidad universal de las actuaciones, de modo que cualquier ayuda por este concepto se condicione a que el proyecto subvencionado incorpore la accesibilidad. Así, se favorecerá el acceso de las personas con discapacidad al patrimonio y a los bienes artísticos e históricos, que se rehabilitan y restauran con cargo al 1% cultural

30 años de la LISMI

La ley de Integración Social de los Minusválidos, en terminología de la época, cumplio el pasado sábado,  30 años desde su promulgación el 7 de abril de 1982.

Se trata de la primera ley aprobada en España con carácter general y sistemático dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias y ha estado vigente, con sucesivas modificaciones de distinto calado, desde su adopción por las Cortes Generales hace 30 años.

La LISMI, pues ha sido conocida fundamentalmente por sus siglas, desarrolló el artículo 49 de la Constitución española de 1978, que por vez primera en un texto constitucional de nuestro país establecía un mandato a los poderes públicos para amparar especialmente los derechos de las personas con discapacidad.

Con sus muchas limitaciones y a pesar de algunos incumplimientos que con el tiempo se convirtieron en permanentes, el movimiento asociativo de la discapacidad la considera una ley globalmente positiva, ya que contribuyó a conformar las políticas públicas de discapacidad de nuestro país en este largo período de vigencia y sentó las bases para todos los avances en materia de derechos e inclusión producidos desde entonces.

Aprobada en un momento, como el actual, de grave crisis económica y social, fue asumida como logro de país por todas las fuerzas políticas, y desarrollada por Gobiernos de distinto signo, lo que ayudó a tenerla como un bien social compartido, más allá del debate ideológico o de partido.

Como futuro inmediato, la LISMI debe desaparecer como tal, ya que el Gobierno, por mandato de la reciente Ley 26/2011, de 1 de agosto, ha de refundir en un único texto legal la LISMI, la LIONDAU (2003) y la Ley de Infracciones y Sanciones (2007), que son las tres principales disposiciones legales de carácter general vigentes en España consagradas a las personas con discapacidad.

Publicado en: diariojuridico.com