La Comisión Europea realizará una evaluación exhaustiva durante 2012 de los impuestos directos nacionales para determinar si dan lugar a desventajas injustas para los trabajadores que viven en un Estado miembro y trabajan en otro. Más de 1,2 millones de personas trabajan fuera de su país dentro de la UE y el volumen de los salarios brutos abonados a estos trabajadores en 2010 ascendió a 46,9 millones de euros.

La Comisión Europea ha anunciado su intención de llevar a cabo un examen completo de las disposiciones fiscales de los Estados miembros para garantizar que no discriminan a los trabajadores transfronterizos. Si durante dicha evaluación que tendrá lugar en 2012, se detectan discriminaciones o infracciones de las libertades fundamentales de la UE, la Comisión las señalará a las autoridades nacionales e insistirá en que se introduzcan las modificaciones necesarias. De persistir los problemas, la Comisión adoptaría procedimientos de infracción contra los Estados miembros de que se trate. 

Ya en 2010, la Comisión publicaba una Comunicación en la que exponía los obstáculos fiscales como problema de los trabajadores transfronterizos.

Un derecho fundamental de los ciudadanos europeos y un instrumento clave para el fomento de un mercado europeo del empleo es el derecho a vivir y trabajar en cualquier lugar de la UE. Por este motivo, la Comisión examinará concretamente si los ciudadanos que obtienen la mayor parte de sus ingresos en otro Estado miembro están gravados con más impuestos que los ciudadanos de ese mismo Estado miembro.

 Comprobará por tanto si todas las deducciones personales y familiares para los residentes se aplican también en la práctica a los no residentes. También si los Estados miembros distinguen entre sus propios ciudadanos y los ciudadanos de otros Estados miembros que trabajan ocasionalmente en su territorio, sobre todo en lo relativo al derecho a deducir gastos y a la aplicación de tipos impositivos distintos.

La Comisión trabaja actualmente para derribar las barreras para los trabajadores de la UE, por ejemplo en sus propuestas para abordar la doble imposición o para impulsar la protección de los trabajadores desplazados, ya que los obstáculos fiscales siguen siendo uno de los principales frenos de la movilidad transfronteriza.