Por Beltrán Gambier. Abogado.  Miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España

Si bien se advierte un claro progreso, el nivel de la abogacía pro bono en España todavía es bajo si se lo compara con lo que ocurre en otros países.

Paso a fundamentar este aserto. Y para ello deseo distinguir la abogacía pro bono normal de aquella que está dirigida a la defensa del interés público.  Basta un ejemplo. Si un abogado  defiende sin cobrar a una persona sin recursos, estará haciendo pro bono, pero no en la línea que nos interesa hoy comentar.

En cambio, cuando el abogado defiende a un ciudadano u organización no gubernamental que se empeña en la defensa del medio ambiente, del patrimonio histórico-cultural o se implica en causas o acciones que están destinadas a trascender en la sociedad por los nobles valores cívicos que encierran al estar relacionadas con el interés general, como podría ser una acción vinculada con la transparencia de las Administraciones públicas, estamos frente a la abogacía pro bono de interés público.

En España da la sensación de que los grandes despachos prefieren el bajo perfil en esta materia y no desean tomar riesgos excesivos en causas en los que se pueda perturbar  a los poderes públicos –aunque se de modo lícito- de cualquier jurisdicción política.  Si algún gran despacho se hubiera implicado en su día con alguna acción pública de urbanismo (que existe en España desde 1956) otra sería la historia de las costas españolas tan destruidas por la especulación urbanística. La gran lucha por la transparencia que está ahora en su momento más alto no tiene ningún  despacho de los grandes cerca.  Han tenido que ser otras organizaciones cívicas, entre las que destaco especialmente a Access Info Europe las que, integrando una gran coalición cívica, hicieron posible que por fin se tuviera en España, al menos, un anteproyecto de ley de transparencia.

Pero la abogacía española institucional tiene sus méritos. En este sentido, quiero destacar  el valor que suponen los acuerdos firmados por Transparencia Internacional España con el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Madrid, en virtud de los cuales los ciudadanos pueden contar con abogados pro bono para asuntos vinculados con el ejercicio del derecho a la información. Y esto, fuera del marco institucional del Turno de Oficio, que nada tiene que ver aquí. El ciudadano que requiera estos servicios profesionales puede no carecer de recursos económicos. Actúa en defensa de todos y por eso le acompaña un letrado que comprarte ese afán.

Habiendo trabajado directamente en la gestación de ambos acuerdos, pude percibir en el Consejo General de la Abogacía Española una especial vocación por contribuir a dar vida a una herramienta tan saludable para el fortalecimiento democrático. El Colegio de Abogados de Madrid, en cambio, pese a ser el primero en firmar, no pudo hasta el momento dar respuesta satisfactoria en la implementación de esta noble iniciativa.

Con la ayuda de Access Info Europe, Transparencia Internacional España presentó al ICAM tres casos que consideró aptos para dar vida al convenio celebrado, pero el colegio los rechazó por impropios. Quizás sin entender su acotado rol, de mero intermediario, entre los ciudadanos y los abogados. Es una intermediación muy importante, pero no es el ICAM quien debe plantear o juzgar los casos. Sin embargo, es de celebrar la reciente realización de un encuentro, organizado por el ICAM, sobre abogacía pro bono y compromiso social,  en el que quedó de manifiesto la distancia conceptual entre los casos comentados por algunos de los ponentes locales y los expuestos por los representantes del Vance Center de Nueva York, una organización pionera a nivel mundial que trabaja por promover la abogacía pro bono en el mundo.

Mi ilusión es ver cómo los grandes despachos de España se implican en esta gran revolución de la abogacía pro bono de interés público siguiendo para ello el modelo americano. Allí los grandes despachos pugnan por ser los que más horas dedican al pro bono y los que llevan los casos más espectaculares e importantes desde el punto de vista cívico. La prensa especializada van dando cuenta de este ranking y eso hace que unos y otros quieran verse mejor posicionados en el mismo.

Para establecer un símil vinculado con los Ayuntamientos. Desde que Transparencia Internacional España hace un ranking de transparencia de los Ayuntamientos, éstos –ya sean del PP o del PSOE- procuran quedar bien posicionados. Y para ello tienen que ser más transparentes cada año. Esto es bueno y saludable desde el punto de vista democrático.

+Beltrán Gambier

Abogado.  Miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España. Promotor de la abogacía pro bono en Argentina y España. Defiende pro bono  la declaración de Bien de Interés Cultural del Teatro Albéniz de Madrid (con sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid)

Publicado en: diariojuridico.com