Tal y como había anticipado esta mañana, en su comparecencia ante los medios informativos el propio Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, el Pleno del máximo organismo de los jueces aprobaba en el día de hoy  unanimidad, un documento que recoge las bases para la elaboración de un Plan de Austeridad y Trasparencia que prevenga la repetición de acontecimientos como los vividos en estas fechas, que han supuesto un menoscabo para la imagen de la institución, del Tribunal Supremo y del Poder Judicial en su conjunto.

El documento es consecuencia de la preocupación de los miembros del Consejo General ante la grave crisis económica que sacude la economía española, que impone la máxima exigencia de ejemplaridad en la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos.

Hay que recordar que El Consejo, a la hora de elaborar su presupuesto para 2012, ha continuado en la senda de reducción de sus gastos, minorando el de 2012 sobre el de 2011 en un 3,86%, por lo que el acumulado desde  2010 a 2012 es de un 8,84%. En este sentido, volvemos a las cifras, en términos presupuestarios, que manejaba el Consejo con anterioridad al año 2008.

Con ese fin, el Pleno ha acordado pedir a las comisiones de Estudios e Informes y de Presupuestos que, en el próximo pleno de la institución, convocado para el 28 de junio, presente una propuesta para actualizar las normas sobre liquidación de comisiones de servicio con derecho a indemnización y gastos de protocolo o de representación con cargo a los Presupuestos del Consejo General del Poder Judicial, normas que fueron aprobadas por la Comisión Presupuestaria de 14 de diciembre de 1999 como desarrollo del acuerdo aprobado el Pleno de la institución en 1996.

Este “Plan de trasparencia y austeridad”, que se encomienda a las Comisiones de Estudios e Informes y Presupuestaria del Consejo y que se deberá presentar al Pleno para su debate y aprobación en su próxima reunión programada para el 28 de junio, deberá incluir, entre otros puntos:

La actualización de las normas sobre la liquidación de comisiones de servicio con derecho a indemnización y gastos de protocolo o representativos con cargo al Presupuesto del Consejo General del Poder Judicial  aprobadas por la Comisión Presupuestaria de 14 de Diciembre de 1999 (en desarrollo de las del Pleno de 1996) que afectan al Presidente, Vocales y al Secretario General, en el sentido siguiente:

Incorporar, en los formularios de gastos de protocolo o representativo, una descripción del motivo del gasto que sirva de justificación y una referencia al cargo o cargos de la persona o personas que lo originan (miembro o alto cargo del Gobierno, parlamentario, autoridad judicial de organismos constitucionales o similar) que lleven a cabo el Presidente, los Vocales y el Secretario General que se realicen por cuenta del Consejo General del Poder Judicial. Y ello con la única excepción de las reuniones o eventos reservados, en los que, no obstante, habrá de darse información, que permita excluir la naturaleza privada y no oficial de la actividad.

La publicación de la agenda de actividades de las Comisiones legales y reglamentarias, de las Vocalías delegadas para las distintas materias u órdenes jurisdiccionales y de las Vocalías territoriales.

y, por último, la publicación trimestral en la web del Consejo General del Poder Judicial del estado de la ejecución presupuestaria clasificada por programas, capítulos y en su caso, conceptos principales.

Actividad habitual prosigue

Por otra parte, y por mayoría de 19 votos y 2 abstenciones, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó hoy un documento que ratifica su voluntad de seguir trabajando en los proyectos que se desarrollan en su seno para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia y el mejor servicio para el ciudadano.

Entre otros extremos, el Pleno del próximo mes de junio deberá conocer las medidas propuestas por el grupo de trabajo sobre reducción de litigiosidad y mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.

Asimismo, ese próximo Pleno analizará estudios sobre la carga de trabajo de los órganos judiciales españoles, una radiografía sobre la situación de los órganos unipersonales y colegiados, una propuesta de medidas para la agilización en los distintos órdenes jurisdiccionales.

Finalmente el Pleno del CGPJ ha aprobado, con 11 votos a favor y 7 en contra, el Informe de la Comisión de Estudios en relación con  el Anteproyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Publicado en: diariojuridico.com