Magistrados de la Sala 2º del Tribunal Supremo como Julián Sánchez Melgar; Manuel Marchena, fiscales de Sala del Alto Tribunal como Jaime Moreno; Javier Huete o Antonio del Moral o Magistrados de la Audiencia Nacional como Eloy Velasco, al igual que la presencia de Jesús Rubí, Adjunto al Director de la AEPD y Manuel Vázquez, Comisario Jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policia, han formado parte del grupo de ponentes del Curso sobre Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías que acaba de concluir hace unos dias,   fruto de la colaboración entre Círculo Legal el Instituto Of Audit & It Gover y la propia Fundación Tejerina, lugar donde tiene lugar este programa formativo. “las organizaciones criminales potencian su actuación al amparo de las nuevas tecnologías e Internet, y no siempre es sencillo controlar su actividad por las fuerzas de seguridad del Estado. “explica José Manuel Maza, también Magistrado de la Sala Penal del Supremo y ponente encargado de analizar la falsificación y fraude tarjetas bancarias, una de las prácticas en las que nuestro país es lider a nivel mundial.  

Los expertos no tienen duda en señalar que ya puede hablarse del llamado derecho penal de las nuevas tecnologías. En ese contexto el Convenio sobre cibercrimen de Budapest de noviembre del 2001 marcó un antes y un después en estos asuntos. “Este fue un convenio del Consejo de Europa al que se adhirieron más países, explica José Manuel Maza, magistrado de la sala Penal del Tribunal Supremo. Desde su visión de experto, además desde el punto de vista dogmático también desde el normativo es factible hablar de ciberdelincuencia “otra cosa es el debate que se ha abierto para subrayar qué se entiende por ciberdelitos; añade el magistrado .Y es que si se toma a la tecnología desde una vertiente instrumental la mayor parte de los delitos penales pertenecen a esta nueva categoría. “Cuando se restringe esta interpretación y se sigue los dictámenes del citado Convenio de Budapest, la ciberdelincuencia se circunscribe al ámbito informático; tanto el medio como el bien jurídico dañado está relacionado con la tecnología. Así se puede hablar de la seguridad informática, terrorismo informático o los problemas del tráfico de Internet, entre otras cuestiones”, comenta Maza

Sr Maza, ¿Puede realmente el Derecho dar respuesta a los cibercrímenes?

La verdad es que siempre el Derecho llega tarde. Por otro lado, pese a lo que piensen muchos responsables políticos el uso contínuo del Derecho Penal nunca es la solución a los problemas que surgen. Puede ayudar a controlar determinadas conductas pero la verdadera solución tiene que ir por la vía preventiva de los citados hechos delictivos

En este campo concreto la persecución y prueba de estos delitos informáticos es muy compleja. Es posible que al detectar un fraude en un ordenador éste se encuentre habilitado para varias personas, así es complicado saber quién lo utilizó . Junto a estas prácticas están los delitos internacionales con varios focos de acción donde no siempre la cooperación entre Estados funciona correctamente.

Desde fuera da la sensación que el crimen organizado ha encontrado otra fórmula en la tecnología para seguir actuando de forma fraudulenta…

Es cierto, las organizaciones criminales potencian su actuación al amparo de las nuevas tecnologías e Internet, y no siempre es sencillo controlar su actividad por las fuerzas de seguridad del Estado.

Delitos como el blanqueo de dinero se han sofisticado aún más gracias al uso de las telecomunicaciones y aquellos otros que nos dicen que hemos ganado un premio, del que no tenemos noticia, tienen detrás grandes aparatos organizativos delictivos.

Igual pasa con la pornografía infantil, un delito tradicional, que ahora con el impacto de Internet puede llegar a millones de personas. Al final la tecnología es una herramienta poderosa en manos del delincuente.

Fuerzas de seguridad y magistrados tienen herramientas para perseguir este tipo de delito…

La tecnología es uno de los talones de Aquiles de la justicia. Es evidente que los aparatos y tecnología de la policía científica han mejorado, aun así, no sabría decirle si son suficientes para responder al crimen organizado.

La mejora ha venido tras los cambios legislativos que han permitido los decomisos automáticos de los medios que utilizan las propias organizaciones criminales y que pasan a ser utilizados por la policía.

Sobre los juzgados, ya sabe el problema que hay con la falta de una buena informatización en este sentido. En un problema general para todo nuestro trabajo que hace que en algunas ocasiones suceda, por ejemplo, que se bloquee mi correo electrónico, sin saber por qué.

Además se ha puesto en marcha la Fiscalia contra el Cibercrimen…

Es lógico esta nueva iniciativa. Responde a la actualidad que vivimos. En la propia instrucción  2/2011 del Fiscal General del Estado, por la que se crea la denominada Fiscalía de Criminalidad Informática, que estará encabezada por una Fiscal de Sala –se ha designado para este cargo a Dª. Elvira Tejada de la Fuente–, que coordinará la actuación de los distintos Fiscales provinciales especializados en esta materia. Hay que enmarcar esta actividad  dentro de la progresiva tendencia a la especialización del Ministerio Público marcada por la reforma de su Estatuto Orgánico en 2.007 y por el Convenio de Cibercriminalidad del Consejo de Europa que antes comentábamos.

¿ Se ha notado algún repunte en este tipo de delitos por motivo de la crisis económica?

Pese a que no hay una estadística clara sobre este asunto, no creo que se haya producido un crecimiento de esta actividad delictiva online en estos momentos.

Si hay una progresión constante como un goteo que no cesa en este tipo de delitos.  Es raro que en una semana no nos llegue algún asunto relacionado con pornografía infantil o fraude patrimonial a través de Internet

¿Qué ritmo de actividad tiene el Tribunal Supremo desde su Sala Penal para estos temas?

Creo que estamos respondiendo bien. Nos llegan asuntos que tuvieron lugar entre dos y cuatro años. Antes han pasado por la Audiencia Provincial correspondiente lo que supone un trámite de año o año y medio.

La interposición de un recurso sobre esa sentencia hace que la actuación de los jueces de lo Penal del Supremo se solucione entre seis y diez meses aproximadamente.  Aquellos asuntos con personas donde hay privación de personal no pasan de los cinco meses, salvo algún tema en concreto.

Comparada con otras Salas creo que nuestro ritmo de resolución es bueno. Se ha calculado que si se suprimiese el recurso de casación en nuestra actividad, en menos de un año podríamos acabar con todos los asuntos pendientes.

Su ponencia en este curso tiene que ver con la falsificación y fraude con tarjetas bancarias,  ¿ha evolucionado mucho estas prácticas delictivas?

Mas que evolucionar el delito lo que sí se constata es el peso cada vez mayor de organizaciones criminales poderosas que incluso poseen importantes redes de distribución.

En esta práctica delictiva si se ha notado la presencia cada vez mayor de los llamados comercios conniventes, negocios lícitos que ante la apertura o cierre diario de su actividad se dedican a pasar este tipo de tarjetas que saben que son falsas con el ánimo de incrementar su facturación global.

Hace años las empresas del sector de tarjetas de plástico quisieron llegar a un acuerdo para detectar aquellos comercios que trabajaban de forma fraudulentamente con ellas. La verdad que no se llegó a ningún acuerdo porque el llamado Tribunal de la Competencia, ahora, CNC, impidió este acuerdo que de alguna forma colisionaba con las buenas prácticas del sector.

¿Cómo ha evolucionado en España estos delitos en los últimos años?

Ha crecido de forma exponencial y quizás seamos uno de los países del mundo con mayor fraude a nivel de tarjetas bancarias, al igual que pasa con el consumo de drogas.

Esta posición de privilegio es consecuencia sobre todo de los altos índices de turistas que recibimos todos los años. Prácticas como el lazo libanés, técnica para recuperar una tarjeta atascada del cajero o la implantación de la microcámara puesta en el cajero para así detectar el número secreto, lo trajo un ingeniero ruso a nuestro país para extenderlo de forma masiva.

Por último, Sr Maza ¿Algunos consejos para luchar contra este tipo de delincuencia?

Si es un delito trasnacional, sea el que sea, ya lo hemos comentado antes, es fundamental por la complejidad la cooperación entre las diferentes autoridades y  países para lograr detener a los delincuentes. Hasta ahora el funcionamiento  no es del todo uniforme como se pudiera esperar.

En el plano nacional, la verdad es que creo que hay un buen reproche penal para estos tipos delictivos. Con la última reforma del 2010 del Código Penal se mejoró mucho este asunto.  Son castigos disuasorios entre ocho y cuatro años. Además la posible reincidencia se aplica con carácter general.

Con anterioridad había mucha confusión, se utilizaba la normativa de 1995 y se confundía la falsificación de moneda con las tarjetas bancarias pese a que son dos prácticas diferentes realmente.  Esto llego a generar ciertos problemas interpretativos en el Tribunal Supremo de cara a encajar en el tipo penal la conducta que se estaba produciendo.

Hubo una Decisión Marco de la UE del 2001 que señalaba que los países miembros unificasen su legislación en estos temas concretos. Nos dieron de plazo dos años y realmente tardamos en trasponer la directiva nueve años.

Publicado en: diariojuridico.com