Aún sin haberse apagado los ecos de la presentación por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia del Informe sobre el Estado de la Justicia en esta Comunidad, hecho por su consejera Regina Plañiol, y al que acudió la plana mayor de la magistratura madrileña, era obligado reflexionar con la propia consejera sobre ciertos aspectos de ese informe, único de estas características en nuestro país hasta la fecha.  “Desarrollaremos esas ochenta medida siempre que el Presupuesto que tengamos lo permita, pero no genera un sobre coste”, comenta Plañiol. “De hecho hay algunas que pueden compensar el efecto presupuestario entre sí pero pensamos que a lo largo de la legislatura podrán aplicarse de forma progresiva”

A lo largo de esta legislatura se ha planteado conseguir la máxima eficiencia y eficacia en la administración de la justicia, afrontando su  una modernización global , con medios telemáticos y unificación de sedes, y la adopción de medidas que permitan incrementar la calidad en la atención de emergencias, no sólo para los ciudadanos sino también en beneficio de los profesionales.  “Desarrollar reformas como la de LEcrim ayudará mucho en este sentido. También apostamos por la desjudicialización de las faltas así como incrementar los juicios rápidos en la vía penal e introducirlos en la via civil.  Además somos partidarios de la introducción de las tasas judiciales para limitar la segunda instancia a casos realmente necesarios.”confiesa

Regina Plañiol asumió la dirección de la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid en junio del año pasado y durante este corto periodo ya ha conseguido dos objetivos básicos: una reducción importante en el gasto corriente, de hasta el 10%, en las diferentes áreas de su departamento sin menoscabar, por ello, el servicio público que ofrece; y establecer las bases para una nueva relación sindical dentro de la Administración regional como se ha demostrado con el acuerdo histórico firmado en servicios mínimos en la última convocatoria de huelga general o el desarrollo sin conflictividad del acuerdo para la reducción de liberados sindicales.

Estos logros obtenidos se deben en gran parte a su larga experiencia en el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos y servicios jurídicos en entidades tan destacables como Metro de Madrid, Unespa, Axa Seguros, Argentaria o BBVA, donde desarrolló su actividad entre los años 1982 y 2003. En este mismo año, deja la empresa privada para incorporarse a la política en el Gobierno de Esperanza Aguirre como viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales.

En este período, entre 2003 y 2011, también es miembro del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular y Presidenta de la Comisión Regional de Estudios de Familia y Asuntos Sociales del Partido Popular. Asimismo, es diputada en la Asamblea de Madrid, puesto que sigue ostentando en la actualidad.

En 2011, la presidenta autonómica Esperanza Aguirre, decide ponerle al frente de la Administración de Justicia de la región, teniendo en cuenta que su formación básica es en Derecho y ha ejercido también profesora de Derecho Penal en el CEU, y de todas las áreas de la seguridad y emergencias en la Comunidad de Madrid.

Sus inicios en este ámbito fueron complicados al tener que coordinar toda la organización de la Jornada Mundial de la Juventud para ese mismo verano y luchar contra una temporada de incendios que se preveía muy problemática por las condiciones climatológicas adversas.

No obstante, gracias a su capacidad de dirección y de hacer equipos compenetrados, ambas cuestiones se superaron con un rotundo éxito, a la misma vez que se ponían las bases para un cambio radical en la Administración de Justicia.

Ahora conversamos en su despacho con ella mientras Mamen Sancho, su jefa de prensa está pendiente de lo que comentamos

Sra Plañiol, ¿Es oportuno incorporar los criterios de gestión de la empresa privada a la justicia para que ésta funcione?

Más que eso se trata de aplicar unos criterios de gestión concretos. Tanto las experiencias de la empresa privada como de  la administración pública pueden complementarse entre sí y tienen su valor.

Se trata sobre todo de saber identificar los problemas para tomar las medidas adecuadas que permitan optimizar mejor los recursos. En el área de Justicia, nos movemos con personas como usted bien sabe. Si a su a la buena formación de estos profesionales añadimos instrumentos de gestión; ; tecnología, más medios, en definitiva y voluntad de hacerlo el servicio que se puede prestar es mejor.

Hablemos de servicio.. un dia antes a la presentación del informe sobre la justicia madrileña, se celebró la Conferencia Sectorial con la presencia de diferentes consejeros autonómicos ¿Es lógico que con problemas similares se vieran puntos de vista tan diferentes?

No me sorprende nada, desde luego. Todas las comunidades autónomas somos muy diferentes entre si y cada una tiene unas prioridades en temas de gestión. La nuestra tiene una gran demografía y está bastante concentrada frente a la dispersión de otras autonomías

En nuestro caso si podemos señalar que pese a las dificultades económicas del momento nuestro presupuesto en justicia se ha multiplicad por dos; las sedes judiciales se han convertido en 154 y los funcionarios en 1.700, además del esfuerzo tecnológico que hemos hecho en estos últimos años.

En este contexto es lógico que tengamos otra visión del momento actual frente a otras comunidades autónomas que igual aún no han afrontado estos retos que le comento.

La elaboración del Informe sobre la Justicia madrileña consensuado con la comisión del TSJ nos posiciona en una situación que no tienen otras comunidades autónomas en estos momentos.

Y después de esa maratoniana Conferencia Sectorial, ¿Es posible que se encuentre un modelo común consensuado que ayude a mejorar la justicia como servicio público?

En primer lugar hay que agradecer el gesto del Ministro Gallardón de reunir a la Conferencia Sectorial que llevaba año y medio sin reunirse hasta el pasado lunes. Su compromiso es el de mejorar la periodicidad de estas reuniones al más alto nivel.

Pese  a que a lo mejor se vea de otra manera desde fuera, creo que hay muchos puntos de común entre las comunidades autónomas sobre estos temas relacionados con la justicia.  Eso si, hay que darse cuenta que hay competencias estatales y otras menos en manos de las autonomías en materia de justicia.

En primer lugar nos damos cuenta de la alta litigiosidad que tiene nuestro país. Si estamos de acuerdo en este tema que es lo principal, seguro que encontramos medidas para rebajar los ratios de este asunto tan elevados.

En este sentido puede decirle que se genero un consenso para que se siga trabajando en la reforma de la LOPJ; de la LECRIM, también de la Ley de Planta

Otro asunto del que también hay consenso tiene que ver con la mejora de la gestión a través de un mejor uso de las nuevas tecnologías. En este punto si tengo que comentarle que estuvieron presentes, dando sus aportaciones la Fiscalia General como miembros del CGPJ

¿Desde su punto de vista donde esta la clave de la interoperabilidad que se demanda a las tecnologias?

En este tema lo primero que hay que darse cuenta que el nivel tecnológico en justicia es menor que en otras actividades públicas.  A esto hay que añadirle que existen ocho sistemas procesales diferentes desde el punto de vista tecnológico.

La solución a este tema pasa por aplicar los llamados mecanismos de interoperabilidad; el propio CGPJ obliga a que estos sistemas pasen por diferentes test de operabilidad.  En nuestro caso hemos superado estas pruebas lo que deja claro es que nuestro sistema puede interconectarse con los demás

No podemos olvidar que en justicia hay tres interlocutores muy relacionados, Ministerio, CGPJ y Comunidad Autónoma, poner de acuerdo a tres administraciones tan diferentes es complicado. Pese a todo lo que le comento, creo que al estar de acuerdo en lo principal podremos salir adelante e impulsar las mejoras en nuestra justicia.

En esa Conferencia Sectorial de la hablamos el documento del CGPJ sobre reordenación del Mapa Judicial generó preocupación en muchas autonomías…

Hay que darse cuenta que el actual modelo de partidos judiciales no es el adecuado para este momento. Yo creo que en esa línea estamos todos de acuerdo con el CGPJ.

Se trata, en definitiva,  de buscar un modelo de partido judicial diferente. En nuestro caso puedo decirle que de los 21 partidos judiciales que tiene Madrid, uno afecta a más de tres millones de habitantes y otro solo a 28.000. Madrid con una situación privilegiada en cuanto a comunicaciones tiene otras necesidades de partidos judiciales respecto a otras autonomías.

Nuestra opinión es que existan menos partidos judiciales y que en todos ellos existan jurisdicciones separadas que tiendan a la especialización para mejorar así la calidad de la administración de justicia así como la atención al propio ciudadano.

La línea que ha marcado el CGPJ está en sintonía con lo que nosotros pensamos aunque también nos damos cuenta que otras comunidades autónomas pueden tener otra problemática diferente a la nuestra.

Sobre este Estudio de la Justicia en Madrid, hay algunos datos de los magistrados y fiscales que se necesitan para atender bien las necesidades de la justicia ..

El debate en este tema no es tanto el número de jueces que faltan ahora sino sobre todo las medidas que se van a tomar para frenar la litigiosidad en la Comunidad de Madrid.

Se trata sobre todo que los jueces se centren en lo que tienen que hacer : juzgar los hechos. En este sentido la reforma de la LEcrim ayudará mucho en este sentido. También apostamos por la desjudicialización de las faltas así como incrementar los juicios rápidos en la vía penal e introducirlos en la via civil. También creemos que se debe limitar la segunda instancia a casos realmente necesarios. En este sentido la introducción de las tasas judiciales será interesante como elemento disuasorio, además de ayudar a la financiación de la justicia gratuita, tal y como comentó el Ministro Gallardón.

Se habla de litigiosidad y también se citan a los métodos extrajudiciales ¿Qué debe hacerse para potenciar el uso del arbitraje y la mediacion en nuestro país?

Lo primero que debemos contar es con un marco jurídico importante para que estos métodos tengan su peso específico. A este respecto creo que será interesante contar con las aportaciones de funcionarios públicos como notarios y registradores.

Ejemplos como las separaciones ante notarios, son buen ejemplo de lo que se podrá hacer en este tema en concreto. Lo importante es que de forma progresiva el uso de una via, la extrajudicial, vaya reduciendo la litigiosidad de los procedimientos habituales

En todas estas reformas, aparecen los funcionarios interinos como elementos negativos, ¿No hay manera de mejorar sus prestaciones a través de la formación más cualificada?

En primer lugar hay que reivindicar el método tradicional de la oposición para acceder a la función pública porque garantiza  las mismas oportunidades.

El personal interino debe existir para situaciones excepcionales. Pero no debe ser una vía de acceso a la administración como pasa ahora. Ahora en nuestra Comunidad el personal interino llega al 22% lo que redunda en la mala calidad de servicio que reciben los madrileños.

¿Cómo ha encajado la noticia que no habrá este año convocatoria de oposiciones a jueces y magistrados?

Entiendo que la decisión no guste. En nuestro caso si puedo decirle que ya está asumida por la Comunidad de Madrid.

Hay que ser coherentes con las medidas de ajuste que se están tomando a nivel general en la Administración del Estado, de tal forma que este año solo habrá una tasa de reposicion del 10 por cien de determinados colectivos, entre los que no están los propios jueces.

Es una medida transitoria solo para este año en curso.  Confiemos que para el 2013 podamos seguir avanzando en la figura de los jueces titulares.

Respecto a la Justicia Gratuita, uno de los quebraderos de todas las comunidades autónomas, por el presupuesto tan elevado que consume, ¿Dónde puede estar la solución a este tema?

Lo primero que tengo que decirle sobre este tema es que la Comunidad de Madrid respeta y cree este derecho constitucional a la justicia gratuita para colectivos menos favorecidos.

Queremos que los ciudadanos madrileños que pagan con sus impuestos este servicio, conozcan como prestamos este servicio y a quién se lo estamos ofreciendo.

En Madrid el servicio ha crecido notablemente. Supone una inversión de 44 millones de euros anuales o lo que es lo mismo un euro de cada siete del presupuesto en justicia de la Comunidad, esto hace que le prestemos una atención especial.

Nuestro compromiso es mejorar la gestión del servicio a aquellas personas que lo soliciten. Una segunda actuación es analizar en profundidad que servicio se están ofreciendo desde los abogados y procuradores de nuestra región. Y, por último, saber la labor de los Colegios de Abogados de Madrid y Alcala y el de procuradores de Madrid.

 Y cómo afrontan esta cuestión otras comunidades autónomas…

Conocemos algo a través de la última Conferencia Sectorial de la que ya le he apuntado otros datos. En este foro se habló del abuso que se hace de la justicia gratuita.

Reconozco que a falta de datos fiables no puedo decir claramente si en Madrid hay o no abuso en este sentido. Si tengo decirle que nos preocupa este tema y que lo analizaremos en profundidad para tomar las medidas oportunas que mejoren su gestión; en este sentido también nos preocupa que se abonen los honorarios de los abogados en sus fechas acordadas.

La idea de una Agencia Estatal que ha comentado el vicepresidente Fernando de Rosa del CGPJ , puede ser la solución…

Es cierto que el vicepresidente de Rosa ha señalado esa iniciativa, frente a ello el Ministro de Justicia en la Conferencia Sectorial señaló que nos entregarían una propuesta para que parte de la gestión la llevase el Ministerio. Aun no podemos opinar sobre este tema porque no hemos recibido ni estudiado dicha documentación.

Lo importante es que la asistencia jurídica gratuita se preste con calidad y rapidez; que quede claro el servicio que se presta y el papel de los Colegios en estos procesos. Lo de menos será quien gestiona el tema, si las comunidades autónomas, Ministerio o una Agencia Estatal.

Por último, consejera Plañiol ¿Cómo encaja la recuperación del proyecto de la Ciudad de la Justicia ahora en la justicia madrileña?

Este proyecto contó en su momento con la unanimidad de todos los operadores jurídicos y políticos de la Comunidad. Centralizar todos los órganos jurisdiccionales en un mismo punto redunda en eficacia y en calidad de servicio.

El proyecto anterior pretendemos adaptarlo al momento actual para que puede ser asumido económicamente. Que no incremente el gasto corriente de nuestro presupuesto para que podamos asumirlo.

Ahora se recupera de forma austera y procuraremos aprovechar las vías de colaboración que a nivel legislativo hay entre la empresa pública y la privada, como se ha hecho con los hospitales, especialmente.

Publicado en: diariojuridico.com