Los consejeros autónomicos, preocupados por el proyecto de planta del CGPJ, muestran sus discrepancias sobre la implantación de las tasas judiciales
Fueron los protagonistas directos de esta Conferencia Sectorial que sobre las tres de la tarde concluyó por el amplio orden del dia dispuesto. Los más dispuestos, se dejaron abordar por los medios informativos como si fueran estrellas del balompié y accedieron a contestar las preguntas en improvisados corrillos. Otros, más discretos decidieron marcharse y no hacer ningún comentario a la nube de periodistas que allí se congregaba desde el mediodía.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández Spínola, se mostró partidario de una reorganización de los partidos judiciales, sin que por ello valide el documento del CGPJ sobre un nuevo mapa judicial. Reducir los 19 a 11 partidos judiciales es para el Consejero algo delicado y que habrá que estudiar. “que Canarias es “muy singular” y hay que tener en cuenta sus circunstancias particulares a la hora de hacer esa agrupación de los partidos judiciales, que no tiene que suponer la supresión absoluta de la prestación de la administración de justicia en determinadas localidades,” señaló
Sobre la justicia gratuita y su financiación a través de tasas, ya diseñadas desde el Ministerio, vio bien esta propuesta ” porque las autonomías están afrontando un gasto muy elevado para pagar a abogados y procuradores. También dejó claro que igual ha llegado el momento de replantear el papel del cuerpo de secretarios judiciales para que sea más operativo
Por su parte, el Consejero de Presidencia, Administracion y Justicia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, valoró este encuentro de forma positiva y se mostró prudente con las iniciativas sobre la Ley de Planta y Demarcación presentadas desde el CGPJ. “Habrá que ver muy bien lo que hacemos porque reorganizar no tiene por qué ser recortar ”,indicó Y recordó que se había acometido nversiones importantes tanto en este tema como en el tecnológico, con lo cual cualquier proceso de modernización sería largo en el tiempo.
Rueda subrayó el papel importante de estas Conferencias Sectoriales, como lugar de encuentro y foro de opinión, e insistió en que tuvieran una mayor periodicidad a fin de que fueran realmente efectivas. “Al final deberíamos ser capaces de consensuar una propuesta racional y única entre todas las comunidades autónomas iimplicadas.
Según comentó el titular de Justicia tras la celebración de la Conferencia Sectorial en el Ministerio, la estimación realizada por el Consejo General del Poder Judicial CGPJ –que considera que los partidos deben descender de los 431 actuales a 190– refleja el análisis realizado por el órgano de Gobierno de los jueces y ahora debe ser el Ministerio el que tome una decisión al respecto, que quedará reflejada en su proyecto de ley.
Discrepancias en tasas judiciales
Para Javier Caballero Martínez, Vicepresidente Primero y consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno Navarro, la subida de tasas que plantea el Ministro Gallardón es negativa, al atentar a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, desde su punto de vista. “Es evidente que gravará los bolsillos de las clases medias en segunda instancia si nadie lo remedia”, señaló. También dejo claro que hay que reformar el modelo de justicia gratuita, necesario para que aquellos con menos recursos puedan tener acceso a la llamada justicia universal.
Tras la intervención del Ministro Gallardón aun pudimos conocer las impresiones de esta cumbre jurídica de Pilar Fernández Bozal, Consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña. A priori, la Generalitat discrepa que se penalice, como propone Gallardón, al ciudadano que quiere recurrir a una segunda sentencia con una tasa de cuantía muy elevada “mientras en España el 100% de los ciudadanos no tengan acceso a una justicia profesional en primera instancia”, en palabras de la consejera Pilar Fernández Bozal.
Otra situación que no acaban de entender desde Cataluña es cómo una parte de esas tasas recalará en las arcas autonómicas. Desde su punto de vista puede ser compatible la aplicación de estas tasas, con los impuestos ya aprobados desde el Govern desde el pasado 1 de mayo, aunque matizó que “El Estado que la Generalitat estará muy atenta a la letra pequeña de la ley y, si considera que vulnera algún precepto constitucional, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo la primera vez que se introdujeron las tasas en los tribunales.”
Tampoco se mostró partidaria del tema tasas para pagar la justicia gratuita, la consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia,portavoz del Gobierno y consejera de Justicia del País Vasco, quien mostró su desacuerdo con la propuesta de imponer tasas judiciales y subrayó que con el concierto económico ya pagan al Estado la cuota correspondiente por la labor de los jueces. “Esperaremos al documento que se elaborará sobre cómo se va a gestionar el dinero que se recaude de esas tasas judiciales.”, indicó
Mendía reveló que ofreció su comunidad para ser sede de ambos grupos de trabajo que se pondrán en marcha sobre Oficina Judicial y gestión de recursos humanos, recalvó que sobre el asunto de la interoperatividad “es inaudito que a estas alturas del siglo XXI no se hable el mismo lenguaje en todas las administraciones de justicia”.
Publicado en: diariojuridico.com
