Ni siquiera el momento tan malo de las finanzas españolas, con la prima de riesgo disparada a unos niveles inusitados de 540 puntos ha hecho cambiar el punto de vista de nuestros prestigiosos juristas.

Ayer hemos sabido, que el Tribunal Supremo confirmabael archivo dictado por la Audiencia Nacional de una querella presentada contra las tres principales agencias de calificación -Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s-, por presunta alteración de los precios en el mercado bursátil y uso de información privilegiada, según el auto dictado el pasado 21 de diciembre.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestima el recurso de queja presentado por Izquierda Unida y las asociaciones ‘Observatori per al Compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans’ (DUDH), ‘Drets Economics, Socials i Culturals’ (DESC) y ATTAC (Madrid).

El auto del Alto Tribunal rechaza el recurso porque “no se aprecia la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos”, ya que la decisión tomada por la Audiencia Nacional no fue un “sobreseimiento libre al tratarse de unas diligencias en las que no se había producido una imputación judicial contra persona concreta”. La Audiencia Nacional desestimó la querella sin practicar diligencias de investigación al concluir que los querellantes solo habían aportado “sospechas” y no “indicios de criminalidad” necesarios para la apertura de una investigación.

En concreto, el auto de archivo concluyó que “la querella está llamada, irremediablemente, a su inadmisión, porque es a los querellantes a los que compete la aportación de indicios de signo incriminatorio. Cuestión que “no compete” al Ministerio fiscal ni al juez instructor.

La querella se presentó en marzo de 2011 y en ella se acusaba a Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s de hacer calificaciones “infundadas” y basadas en “datos falsos”, así como ser parte de los causantes de la actual crisis económica.

Además, denunciaban que las tres grandes agencias de calificación actúan como un ‘oligopolio’ al contar con un 90% del mercado, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación, manejando “arbitrariamente” los precios.

Los querellantes llegaron a pedir en su día a la Audiencia Nacional que citase a declarar como imputados a los máximos responsables en España de las tres agencias y que se ordenase la entrada y registro en sus sedes para recabar su documentación contable así como sus comunicaciones internas.

También querían que los juzgados requiriesen a Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s una lista de todos sus contratos y sus clientes y de todos los informes, avisos y comunicados de prensa emitidos sobre la calificación de riesgo de la deuda española.

Los querellantes aseguraban que estas agencias, mediante “la alteración en el precio de los productos financieros y deuda estatal”, obtienen unos beneficios de 3.000 millones de euros anuales

Publicado en: diariojuridico.com