La Comunidad de Madrid aprobó hoy un paquete de medidas en relación a la administración regional y sus empleados para ahorrar 1.000 millones de euros este año, y propuso la reducción a la mitad del número de diputados en la Asamblea de Madrid (de 129 a 65), con lo que sería el primer Parlamento en España en disminuir el número de escaños, y la eliminación del “plus” que cobran los vicenconsejeros con escaños. Sólo los viceconsejeros perciben una asignación de 1.000 euros por compatibilizar su tarea de Gobierno con la de diputados. Sobre la Justicia se anuncia un recorte del 20% en el presupuesto asignado al Turno de Oficio lo que puede volver a generar problemas de cobro del servicio con los colegios madrileños de abogados

Todas las medidas recogidas en el Plan Económico Financiero están también incluidas en este Proyecto de Ley, transponiendo los cambios en normativa básica estatal llevados a cabo por el Gobierno de la Nación.

Destacan las prohibiciones de contratar personal en sociedades mercantiles de la Comunidad, de incluir aportaciones a planes de pensiones y la prohibición estatal de introducir cláusulas indemnizatorias en cualquier tipo de contrato, incluidos los mercantiles. Así, se aclara el cálculo de la indemnización y se elimina en caso de que se trate de empleados con reserva de puesto de trabajo, como es el caso de funcionarios que ocupan temporalmente cargos de dirección.

También se extiende la supresión de la mejora personal por incapacidad temporal aplicada al personal de la administración a todas las fundaciones del sector público, a todos los organismos que integran el sector público y a todos los consorcios participados mayoritariamente por la Comunidad.

Además, se adapta la Ley de Hacienda a los principios de estabilidad recogidos en la ley estatal aprobada por el Gobierno de la Nación. Ahorro de más de 3.200 millones de euros desde que empezó la crisis

Las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo madrileño desde el comienzo de la crisis –por ejemplo, reduciendo siete Consejerías, 40 altos cargos, reducción salarial y supresión de empresas y organismos públicos han permitido a la Comunidad ahorrar más de 2.200 millones de euros a los que hay que sumar los 1.000 millones de ahorro que se consiguen gracias a este nuevo paquete de medidas económicas.

La Comunidad de Madrid fue la primera administración pública española en aplicar medidas de austeridad ya en 2007 y pretende continuar por esta misma senda de la contención del gasto, que garantice los cumplimientos de los objetivos de déficit en los próximos años y la prosperidad de la región

No hay subida de impuestos ni despidos

Aguirre adopta medidas en relación al sueldo y la jornada laboral de los trabajadores públicos, y actualiza tasas y precios públicos de determinados servicios, para que sea sólo el usuario y no todos los ciudadanos los que contribuyan a su mantenimiento. Además, elimina subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, deja de financiar el alquiler de los locales sindicales y reduce ayudas públicas, gasto corriente e inversiones.

Con estas iniciativas, la presidenta madrileña se mantiene fiel a sus principios de no subir impuestos, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y evitar despidos.

Así, según aprobó hoy el Consejo de Gobierno en el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes, que modifica parcialmente la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012, se llevará a cabo una bajada de sueldo de los cargos políticos y personal de confianza en un 10%, y de los empleados públicos en un 3,3%. Asimismo, se rebajará un 10% la jornada y el sueldo de los interinos, excepto a los docentes y a los asistenciales.

Con este paquete de medidas económicas, la Comunidad de Madrid avanza en el objetivo de estabilidad presupuestaria y en garantizar la consecución del tope de déficit fijado para las comunidades autónomas para este año. Este proyecto de ley, que se remite hoy tanto al CES como a la Asamblea de Madrid, al tramitarse por vía de urgencia, está previsto que se apruebe a mediados del mes de julio.

Así lo anunció hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien destacó que este conjunto de medidas refuerzan el compromiso de la Comunidad de Madrid con la austeridad, la estabilidad presupuestaria, el crecimiento económico y su contribución, como primera economía regional y motor económico de España, a la recuperación de la economía nacional y el empleo en nuestro país.

Además, Aguirre explicó que la Comunidad duplica el esfuerzo de ahorro en medidas propias que ya recogía el Plan Económico-Financiero (PEF) aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado mes de mayo, en el que se preveía ajustes por 654 millones de euros.

Se reduce 3 veces más el sueldo a altos cargos y personal de confianza

El texto aprobado hoy por el Gobierno regional contempla por vez primera medidas en materia retributiva que afectan a todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Así, se establece una bajada del sueldo del 3,3% de media para el conjunto de los empleados y un 10% para los cargos políticos y el personal de confianza. En esta reducción se incluye la parte

que afecta a la paga extraordinaria de diciembre.

Estas medidas se suman a la reducción del sueldo llevada a cabo en a los altos cargos regionales desde el comienzo de la crisis. Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha reducido ya su salario un 24% respecto a lo que cobraba en 2008. Además, los sueldos del vicepresidente y los consejeros se han reducido un 20%, el de los

viceconsejeros un 18%, mientras que los directores generales y secretarios generales técnicos se ha reducido un 17%.

También se va a eliminar la asignación de unos 1.000 euros al mes de los viceconsejeros que son diputados en la Asamblea de Madrid. Por otra parte, se mantendrán las mismas condiciones para interinos docentes y asistenciales y se reducirá un 10% de jornada y salario para el resto de interinos administrativos.

Reducción de subvenciones, ayudas públicas e inversiones

En cuanto a las subvenciones, ayudas públicas, gasto corriente e inversiones sufren una importante minoración. Las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos se reducen en 3,9 millones. Además, la Comunidad dejará de sufragar el alquiler de los locales de las centrales sindicales.

En lo que respecta a las inversiones, se reducen en 30,3 millones, de los cuales 20 corresponden a carreteras. En material de oficina, publicaciones y promociones se reducen 6,7 millones. También se eliminan las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, que supondrá un ahorro de 2,7 millones.

Actualización de tasas

El Gobierno regional llevará a cabo una actualización de tasas y precios públicos y la implantación de otras nuevas, con el objetivo de cubrir una mayor cobertura sobre el precio real del servicio prestado. Por ejemplo, se crea una tasa de 10 euros por emisión sucesiva de la Tarjeta Sanitaria Individual en caso de rotura o extravío de la que quedan exentos losperceptores de Renta de Inserción. Cada año, se emiten más de un millón de tarjetas sanitarias, en gran parte debido a su pérdida o deterioro, que supone un coste para el erario público de 10 millones de euros. Así, con la nueva tasa se pretende cubrir parte de dicho coste.

Otra tasa de nueva creación es por estancia de los mayores en centros de día, que tendrán que aportar de media en torno a un 30% de su pensión. Esta medida ya se aplica en centros de titularidad municipal como los de Madrid capital.

Entre los precios públicos que se actualizan, figura el de educación infantil (0-3 años), casas de niños y centros de enseñanza de régimen especial, cuya tasa de cobertura media en la actualidad, es decir, lo que costean los usuarios, es de 32 euros.

hospitales.

En cuanto a Educación, se reduce la subvención de becas de comedor y ayuda de libros. En área de empleo, al desaparecer la transferencia que el Estado realizaba para cursos de formación para el empleo por un importe de 213 millones de euros, se elimina esta partida.

Asimismo, la matrícula universitaria tanto en grado como en máster experimenta una subida por aplicación de la normativa básica estatal impulsada por el Gobierno de España, que incrementa los precios públicos. Por segundas y sucesivas matrículas, el precio se incrementará gradualmente.

Publicado en: diariojuridico.com