Si el pasado lunes estaba en la apertura del VII Congreso del Club del Arbitraje en Madrid, ayer Alberto Ruiz-Gallardón inauguraba en Santander el encuentro “La presunción de inocencia y los juicios paralelos” que organizan la UIMP y la Fundación Fernando Pombo en Santander. En su intervención anunció que  “la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal limitará el plazo de secreto de sumario a un mes. Por motivos extraordinarios se podrá prorrogar perono será el juez instructor quien determine la prórroga sino que tendrá que ser otra autorizado quien decida sobre la extensión del secreto”.

Gallardón pidio a los medios de comunicación a hacer una reflexión sobre qué códigos éticos deben seguir los propios medios de comunicación en todos aquellos casos en los que la revelación de ciertos hechos pueda modificar una sentencia. En esos casos debería existir una obligación de abstención por parte del medio porque se puede quebrar de manera clara el derecho a un juicio justo. “Pediremos responsabilidad a los medios de comunicación pero no caerá sobre ellos el reproche penal, caerá sobre todos los que tienen la obligación de guardar el secreto de sumario”, ha afirmado Ruiz-Gallardón.

El ministro destacó que cualquier regulación penal sobre el medio no conseguiría el efecto deseado, ya que en el siglo XXI, “en un mundo abierto y accesible como el que propone Internet, el concepto de medio de comunicación está superado. Hoy el mensaje llega directamente al que quiere escuchar sin necesidad del propio medio y nuestra pretensión es la de establecer una norma efectiva que sea capaz de ser cumplimentada”.

Gallardón mostró su preocupación sobre los efectos que pueden condicionar una sentencia “no ya sobre la persona que dicta sentencia, que está absolutamente preparada para valorar los hechos con la distancia necesaria, sino sobre otros estamentos como el jurado popular, por poner un ejemplo”.

Sanciones para los que incumplan

La vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, aseguró compartir algunas de las posiciones del ministro de Justicia sobre el autocontrol por parte de los medios de comunicación pero detalló, que a su parecer, “faltan tres requisitos fundamentales para que esto sea posible: son necesarias unas reglas deontológicas claras y aceptadas por todos los medios; debería existir un órgano reconocido que vigile el cumplimiento de esas normas y es imprescindible que se fijen sanciones cuando se detecte el incumplimiento de dichas normas”. “Una opción alternativasería la profesionalización de los periodistas, ya que son muy pocos los periodistas especializados en el ámbito de la Justicia, un sector complejo y que exige formación”, afirmó Bravo, pese a reconocer que la actual situación económica no es el mejor escenario para este cambio de mentalidad, ya que perpetua “una realidad de redacciones de gente joven, poco formada y poco retribuida”.

La portavoz del CGPJ ha afirmado que “en multitud de ocasiones crear un estado de opinión desde la posición privilegiada de los medios de comunicación no significa difundir una opinión libre sino que representa un claro ejemplo de populismo mediático”. “No pongo en duda que los medios puedan realizar sus propias investigaciones pero es importante saber que los medios no forman parte de las instituciones que imparten justicia. Solo al Poder Judicial le corresponde esa potestad. Por eso es muy grave que a la prensa se le otorgue la facultad de suplantar a los tribunales en la impartición de Justicia”, concluyó

Por su parte, el director de Estudio Comunicación, Ramon Almendros, señaló que “en España llevamos al exceso la publicidad de las acciones judiciales el imputado”, ha planteado que “los medios se utilizan en cierta medida como herramientas de presión, para instrumentalizar la acusación y la imputación, como recordatorio permanente del hecho e incluso como impulso público de hechos aún no probados”.

Durante la inauguración del encuentro, el presidente de la Fundación Fernando Pombo, Joaquín García-Romanillos, destacó que: “la presencia del ministro de Justicia demuestra la sensibilidad que se tiene sobre un tema que confronta el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo y la libertad de expresión e información. Los abogados conocemos lo que sufren los ciudadanos cuando se ven condenados, antes incluso de que se inicie un proceso, y entendemos la angustia de un cliente condenado por los medios y absuelto por la Justicia”.

Asimismo, el sociólogo y catedrático Emilio Lamo de Espinosa abordóla complejidad del hecho informativo durante un procedimiento judicial: “es un proceso que empieza en el ámbito del Derecho para saltar al terreno de los medios de comunicación, para más tarde llegar a la calle con una opinión que a veces puede llegar a ser primitiva y finalmente saltar al entorno político, que lo puede utilizar de manera populista”.

Publicado en: diariojuridico.com