Un análisis de Javier Luengo Vicente, director gerente de la Federación de Organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual (FEAPS Madrid)

Cumplidos ya 30 años desde su promulgación, la Ley de Integración Social de los Minusválidos, como se denominaba antes a las personas con discapacidad, y que se conoce por sus siglas, LISMI, ha llegado a un punto en el que es preciso afrontar de manera decidida su profunda renovación, cuestión esta sobre la que existe consenso bastante generalizado.

No significa esto que la LISMI no haya sido útil a lo largo de tres décadas. Más bien al contrario, la promulgación de esta ley fue un referente como primera reglamentación del amparo especial que la Constitución Española reconoce a las personas con discapacidad y base del reconocimiento de los derechos de este colectivo, a partir de la cual se fueron construyendo las políticas públicas de atención al mismo.

A pesar de ser trascendental en el desarrollo de la posterior legislación en materia de discapacidad, esa base que fue la LISMI ha quedado obsoleta en gran medida: el concepto de discapacidad, minusvalía entonces, ha variado, pero sobre todo lo ha hecho su concepción. Mientras antes se hablaba de un marco rehabilitador de la discapacidad, ahora existe, afortunadamente, un marco integrador e inclusivo.

A día de hoy y a efectos prácticos, lo cierto es que cuando hablamos de la LISMI todos entendemos que nos referimos a ella desde el punto de vista del empleo. Es decir, como la Ley que obliga a las empresas de determinada dimensión a reservar un porcentaje de su plantilla a personas con discapacidad

Y es aquí, donde quizá más haya fracasado esa ley. La LISMI ha tenido luces y sombras a lo largo de su existencia. Luces, conformadas por esa normativa que fue surgiendo a partir de la Ley del 82 y sombras, que vienen marcadas especialmente por el escaso cumplimiento en materia de empleo.

Esta falta de cumplimiento viene dada por varios factores. Uno de ellos, y quizá determinante, ha sido la laxitud con que los sucesivos gobiernos han vigilado su cumplimiento.  Pero sería injusto, no reconocer que hace años no existía la sensibilización social que a día hoy se ha alcanzando en cuestiones vinculadas a la discapacidad.

Hace 30 años la discapacidad era prácticamente un tema tabú, vinculado a la beneficencia, y no quedan tan lejanos los tiempos en los que las personas con algún tipo de limitación permanecían ajenas a los entornos sociales y recluidos en sus hogares.

Afortunadamente, hoy el contexto es otro, como pone de manifiesto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la ONU en 2006 y ratificada por España en 2008, que ha supuesto cambio de modelo y de contexto fundamental.

Un cambio que ha venido marcado también gracias a la labor de los distintos movimientos asociativos, fundados en su mayoría por familiares de personas con discapacidad intelectual, y que han venido luchando no sólo por ver reconocidos los derechos del colectivo, sino sobre todo por acercar la realidad de éstas a la sociedad.

Un acercamiento que resulta vital para avanzar hacia la inclusión social pues, por la propia condición humana, nos cuesta tender puentes y aceptar aquello que desconocemos.

Sociedad y personas con discapacidad han ido acortando las distancias de forma progresiva aunque lenta y hoy, aunque queda mucho camino por recorrer, las personas con discapacidad comienzan a ser aceptadas y lo que es más importante, a ser insertadas e incluidas laboral y socialmente.

Quienes cuentan con personas con discapacidad en sus empresas valoran de manera muy positiva el aporte que estas personas hacen desde el punto de vista  social, laboral y humano, y no sólo el beneficio económico que puede suponer.

Pero aún queda mucho por hacer. Las tasas de desempleo de personas con discapacidad se multiplican con respecto al resto de la población y el aumento viene siendo progresivo cuando se trata de discapacidad intelectual, y de mujeres especialmente.

¿Es pues necesaria una LISMI? Desde nuestro punto de vista sí es necesario un ley operativa en su desarrollo y aplicación que garantice los derechos de las personas con discapacidad. Una legislación renovada basada en conceptos y realidades actuales que sea realmente efectiva y positiva para el conjunto de una sociedad que no puede permitirse el lujo de desaprovechar el potencial de un colectivo tan importante como el de la discapacidad. En definitiva una nueva ley que tenga en cuenta la discapacidad conforme a los conceptos de hoy en la que ésta ya no se analiza desde la consideración de servicio social sino desde la óptica de los derechos del individuo, independientemente de su condición.

Hacia ese horizonte esperamos que camine el nuevo marco legal que el Gobierno ha decidido para las personas con discapacidad, refundiendo en único texto legal las diferentes leyes vigentes en estos momentos en nuestro país.

La LISMI, que fue vanguardia hace 30 años, hoy ya no lo es. Es preciso una renovación, una ley de vanguardia, esta vez de inclusión y que tendrá visos de ser exitosa si en el despliegue se cuenta con las organizaciones sociales y la voluntad firme de aplicar la legislación por parte de las Administraciones. Solo así, a través del empleo, evitaremos que se perpetúe la situación de dependencia de este colectivo en una sociedad que cada día es más sensible y abierta a las personas con discapacidad.

*Javier Luengo Vicente es

Publicado en: diariojuridico.com