El Tras la adjudicación de las licencias de la TDT en Canarias, numerosos operadores de televisión decidieron recurrir por no estar de acuerdo con el resultado del reparto. Comenzaba así el periplo de buscar en los Tribunales la justicia que según ellos, la administración le había denegado.

 En opinión de Jaime Rodríguez,abogado de Díez Romeo “Para una televisión o emisora de radio recibir no tener licencia en un concurso es algo demoledor. La desolación se torna en impotencia cuando voces interesadas le dicen que “recurrir no vale para nada” o que “tras montar la televisión o la radio, pasados 2 o 3 años, es imposible que le quiten las licencias”. Se trata así de evitar que quien tiene derecho a recurrir no lo ejerza ante los Tribunales. O de interiorizar que la toda acción judicial contra la adjudicación de licencias es un “recurso del pataleo”.”

Pues el Tribunal Supremo ha demostrado lo contrario. Y acaba de ratificar que las licencias de la TDT en Canarias se otorgaron de forma irregular. Por eso las declara anuladas. Así el Alto Tribunal ha dejado claro que quien recurre, si le asiste la razón, puede tirar abajo licencias concedidas en el 2007. Se acabó el concepto del recurso del pataleo. Las CCAA ya saben que si incurren en ilegalidades los Tribunales les van a anular las licencias de TDT o radio, sea quien sea el beneficiario.

Los hechos se remontan a los procesos judiciales que iniciaron las emisoras que no se vieron beneficiadas por el reparto de concesiones de ámbito local, que se decidió mediante el Decreto número 377/2007, del Gobierno de Canarias, de fecha 16 de octubre de 2007.

Tras los trámites correspondientes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró, en numerosas Sentencias, la nulidad del concurso de la TDT local, insular, y autonómica.

Los fragmentos de las Sentencias eran verdaderamente demoledores (Sentencia que ganó Archipiélago Televisión a la Viceconsejería de Comunicación):

El expediente para la contratación, por el procedimiento de urgencia, negociado sin publicidad de la consultora a que se alude en aquella Sentencia, se inicia por la Viceconsejería de Comunicación, el 11 de enero de 2007, mientras que la mesa hace la primera y única mención a la necesidad de solicitar un informe en su reunión de 23 de febrero de 2007 y además se señala directamente que el informe se solicita a la entidad Doxa Consulting Madrid S.L., ello a pesar de que la adjudicación del contrato a dicha entidad no se realiza hasta el día 26 de febrero. (…)

En otro fallo se señaló que el Decreto 377/2007 es nulo de pleno derecho, es decir, nunca ha existido, ya que “al estar íntegramente impregnado del vicio de nulidad señalado, no hay nada en este acto susceptible de ser conservado”. (Sentencia que ganó TV Local Sur a la Viceconsejería de Comunicación)

A todas las Sentencias del TSJ de Canarias se unen ahora las 2 del Tribunal Supremo, que confirman la falta de objetividad en el reparto de licencias para ejercer la libertad de información y expresión.

Estos son los 2 primeros fallos del Tribunal Supremo condenando al Gobierno de Canarias, pero se les unirá se les unirán más de una docena. Con casi 30 decisiones judiciales en su contra, la Viceconsejería de Comunicación se ha visto desbordada con las Sentencias del Tribunal Supremo contra las que no cabe recurso ordinario alguno.

En el caso de Canarias se da la paradoja de casi todos los repartos que tienen que ver con licencias de medios de comunicación han acabado anulados en los tribunales. Hay que recordar:

• Todas las sentencias que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando las licencias de la TDT local, insular y autonómica.

• El reciente fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Las Palmas de Gran Canaria, anulando la adjudicación a Videoreport Canarias en junio de 2008 de la producción de programas informativos para la Televisión Autonómica de Canarias.

• El proceso penal abierto contra los miembros de la Mesa de Evaluación que puntuaron los proyectos de radio FM en el último concurso por un presunto delito de tráfico de influencias.

• El reconocimiento, por la propia Canarias Difusión S.L. (7.7 radio), de la imposibilidad de hacer frente al desarrollo de las 32 licencias de FM. Su principal valedor periodístico afirmo en antena que “no hay dinero para desarrollar el proyecto”.

Ahora le toca el turno a los adjudicatarios que estudian la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que el ejecutivo canario les ha ocasionado:

• Por repartir la TDT sin la objetividad obligada
• Por intentar mantener su postura en el Tribunal Supremo a pesar de la rotundidad de las Sentencias del TSJ de Canarias.

Valencia, País Vasco, y Navarra están en fase de valoración de las ofertas de radio FM y cerca de repartir las licencias de radio FM. Seguramente extreman las cautelas para evitar que se reproduzca lo acontecido en Canarias.

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Publicado en: diariojuridico.com