Aquellas personas que no tengan recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita. Así lo reconoce la Constitución española en su artículo 119 que afirma que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

Sin embargo este derecho, que asegura el acceso a la justicia de quienes no tienen medios económicos, se ve también afectado por la archiconocida crisis que azota al país. Tanto el Estado como las comunidades autónomas necesitan reducir el déficit y han decidido pasar la tijera al turno de oficio. 

Esta situación entraña dos peligros. De un lado, la falta de una retribución digna y a plazo de los letrados que prestan este servicio y que en España ascienden a más de 37.000 profesionales. En segundo lugar, la calidad que recibirán aquellos que requieran asistencia jurídica gratuita. Desde hace algo más de un año se han sucedido las protestas, mobilizaciones y quejas de los distintos Colegios de Abogados del país que ven peligrar uno de los pilares de nuestro sistema de justicia.

A través de este reportaje, DIARIO JURÍDICO hace memoria para recorrer las principales medidas de presión emprendidas por los colegios de abogados y para conocer el presente y futuro del turno de oficio. De este manera conoceremos la postura del CGAE, de los principales Colegios de Abogados en España de la mano de Marisol Cuevas, directora del departamento de turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid (foto 1), Rafael Bonmatí, vicedecano del Colegio de Abogados de Valencia (foto 2)y Miquel Rodriguez, responsable del turno de oficio del Consejo de ilustres colegios de abogados de Catalunya foto 3).

El funcionamiento del turno de oficio

La asistencia jurídica gratuita viene regulada en una ley estatal – la Ley 1/96, y desarrollada en distintos reglamentos. Hay unos parámetros básicos que funcionan igual en todas las comunidades autónomas, pero hay que tener en cuenta que son precisamente las comunidades en sus reglamentos las que establecen la remuneración de los abogados que prestan asistencia jurídica gratuita. De esta manera, los abogados del turno de oficio cobran distinto en función de la Comunidad autónoma en la que ejercen su profesión.

Y existe también un reglamento estatal para aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas sus competencias en materia de justicia. Estas son Castilla León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, y Murcia. Pero la remuneración del turno de oficio no es la misma por cada caso. Como es lógico, no entraña la misma dificultad un juicio de faltas que un delito de homicidio. Es por eso, que los distintos reglamentos dividen los casos por módulos. De esta manera podemos encontrar que un juicio de faltas – caso típico de alguien que conduce bajo los efectos del alcohol en un grado elevado – en Catalunya se paga a 141,94 euros. La separación o el divorcio, en cambio, se paga a 413,75 euros.

Hay que tener en cuenta que esto engloba todo el proceso, es decir, pensión compensatoria, alimentos, disolución del matrimonio, etc. Esta es la retribución en Catalunya, pero si nos fijamos en la Comunidad de Madrid, vemos que un mismo caso de divorcio se paga peor, concretamente a a360,61 euros. Como dice Marisol Cuevas “hay mucha diferencia entre unos baremos y otros. En Madrid, por ejemplo, los abogados del turno de oficio cobran menos que los de Catalunya o País Basco, pero cobran mejor que aquellos abogados de comunidades que no tienen transferidas las competencias”. Y es que el módulo o baremo más bajo es el estatal, el que se aplica en Castilla León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, y Murcia.
Donde la diferencia es abismal, es comparando este sueldo con el sector privado. La afimación de Miquel Rodriguez, del ICAB, no deja lugar a dudas. “En el juicio por separación, por ejemplo, que en Catalunya se paga a poco más de 400 euros en el sector privado no bajaría de 4.000”. Es decir, que en el sector privado se paga, haciendo una media aproximada, 10 veces más que en el turno de oficio.

Crecen los abogados en el turno de oficio

A partir de aquí, surge una duda: la motivación que mueve a los abogados que prestan un servicio tan mal reumenado en comparación con el sector privado. Evidentemente, no es posible ofrecer una única respuesta, pues nos encontraríamos tantas motivaciones distintas como personas ejercen este servicio.

Pero para Rafael Bonmatí, sí se puede asegurar que “el turno de oficio es una parcela más del ejercicio profesional, los abogados trabajan también en el sector privado. Pero a algunos el turno de oficio les ayuda a cubrir gastos y otros lo hacen como vocación de servicio”. En su opinión, muchos los hacen porque entienden que deben ayudar a los ciudadanos con menos recursos como un ejercicio de responsabilidad profesional. Pero también señala que a algunos les ayuda a cubrir gastos.

En Catalunya, de hecho, el número de abogados que trabajan en el turno de oficio ha aumentado en los últimos años. En 2010 había 6.290 mientras que en junio de este 2012, la cifra ha aumentado hasta los 66.11. Cadabaño, por tanto, entran unos 200 nuevos letrados. El presidente de la Comisión del Turno de Oficio del Consejo de Colegios de Abogados de Catalunya, Miquel Rodriguez, atribuye esta situación a la crisis económica. “La actual situación también afecta a algunos abogados que antes tenían compañías de seguros, de construcción, y en definitiva más clientes debe regresar al turno de oficio. Es decir, que ante el panorama actual hay abogados que prefieren arriesgarse a ganar menos dinero pero a tener un trabajo fijo. “Es cierto que es mucho menos dinero, pero al final, entre cobrar 400 o no cobrar nada, te quedas con 400”, dice Rodríguez.

Requisitos de los abogados

Los letrados que quieran entrar en el turno de oficio deben cumplir dos requisitos básicos. En primer lugar acreditar un mínimo de 3 años inscrito en el colegio correspondiente y en segundo lugar hacer un curso en la Escuela de Práctica Jurídica. Además, se pueden necesitar cursos addicionales como por ejemplo un curso de violencia doméstica si se quiere estar en violencia doméstica, o un curso de menores en el caso de que el letrado tenga interés en prestar el servicio en el juzgado de menores. A partir de ahí, si se cumplen los requisitos lo único que debe hacer el abogado es inscribirse en una lista. Luego, van llegando los casos y se van atribuyendo a un abogado en concreto por orden alfabético. Es decir, llevas más o menos casos en función del volumen de actuaciones que debe cubrir cada colegio.
Hay que tener en cuenta aquí también alguna particularidad. Como explica Marisol Cuevas “ para la asistencia del letrado al detenido y víctimas de violencia de género se establece un turno de guardia de 24 horas en el caso de Madrid – en otros es más elevada, puede llegar incluso a una semana – . De manera que estos abogados están de guardia y acuden a los centros de detención para prestar asistencia al detenido y a las víctimas de violencia de género.

Requisitos de los beneficiarios

En el caso de los beneficarios deben acreditar insuficiencia de recursos. Aquí la ley, no podía ser de otra manera, es igual en todo el Estado. Y la redacción es clara: que no supere el solicitante ni la unidad familiar de la que forma parte unos ingresos mensuales del doble del IPREM – indicador público de renta de efectos múltiples-. Esto quiere decir que no puede superar 1065,02 euros brutos al mes. Y es importante enfatizar que no lo puede superar él ni tampoco la unidad familiar de la que forma parte (ya sea marido, padre, etc.).

La situación económica

Como se apuntaba en un principio la situación económica está pasando factura también a este sector. En el conjunto del país, según publicaba el Consejo General de la Abogacía Española hace pocos dias, cuando hacía público los datos de su Observatorio en Justicia Gratuita,  la inversión en este tipo d e justicia se ha reducido en 20 millones de euros en los dos últimos años. Eso no ha tenido el mismo impacto en todas las comunidades autónomas. Mientras que aquellas autonomias que no tienen transferidas competencias han mantenido los baremos o retribución a los abogados otras comunidades soportan un importante tijeretazo.

El caso catalán

En Catalunya la justicia gratuita sufrió el primer recorte en 2011. La Generalitat aplicó una reducción del 5 por ciento en este ámbito. Una decisión, que ha provocado el enfado en el Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya – CICAC – “Contra esta decisión interpusimos el año pasado un recurso, que ahora está en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”, explica Miquel Rodriguez.

Este año, el gobierno ha llevado a cabo una nueva rebaja del 5 por ciento que, de nuevo, han recurrido desde el CICAC. Ahora este recurso lo debe resolver la Conselleria “que con toda seguridad no la va a aceptar y deberemos ir de nuevo al TSJC”, apunta Rodriguez. En Catalunya se ha recortado algo más de dos millones de euros. Una reducción que ha pasado también factura al bolsillo de los letrados que prestan este servicio. “Obviamente se ha reducido la retribución.

Este año por ejemplo, se han reducido especialmente los baremos de divorcios y de asuntos laborales”, dice Miquel Rodriguez. Además, asegura que a pesar de que no tienen cifras concretas, los recortes afectan también al servicio “en el sentido de que aumenta el tiempo de espera: si antes para una primera entrevsita debías esperar de media unas dos o tres semanas, ahora te vas al mes y medio”.

Sin embargo, la puntualidad de los pagos funciona con relativa normalidad. Mientras que en otras autonomias pueden esperar más de seis meses a cobrar, en el caso de Catalunya se paga aproximadamente a dos meses y medio

La crisis económica se nota también y mucho en los casos que llegan a los colegios. “Las ejecuciones hipotecarias, por ejemplo, han crecido de una manera espectacular. 400 por ciento desde 2008″. Además, también las peticiones para tener un abogado de oficio han crecido, concretamente un 10 por ciento desde 2011. Para Miquel Rodriguez, son cifras que se explican fácilmente “cuando estamos en tiempos de crisis, más gente puede acceder al turno de oficio, porque hay más personas con menos ingresos, y obviamente es normal que aumenten las peticiones”.

Madrid y el turno de oficio

En el Colegio de Abogados de Madrid hay inscritos 4.830 abogados – sin contar obviamente con aquellos inscritos en Alcalá de Henares. Es una de las comunidades donde los letrados soportan mayor retraso. De hecho en este momento, como explica Marisol Cuevas “no hemos cobrado todavía el cuarto trimestre de 2011″. Este retraso ya ha generado numerosas protestas, pero según Cuevas “lo peor no es esto. Sino que la situación va a empeorar”, y es que esta Comunidad tiene un proyecto de modificación de la ley de presupuestos por la que baja un 20 por ciento el presupuesto dedicado a asistencia jurídica gratuita. “Lo que está claro es que los abogado van a cobrar menos, aunque todavía no lo podemos cuantificar”, dice Marisol. Y lo cierto es que los abogados de Madrid ya cobran menos que los de otras comunidades como Catalunya o País Basco. Por poner un ejemplo, mientras que un caso de separación, como apuntábamos, se paga a 411 euros en Catalunya, en Madrid llega a los 360 euros.

Los letrados afrontan la situación con resignación después de haberse mobilizado durante los últimos meses. De hecho se llegó a una situación límite entre el mes de junio y noviembre: se acordó un período de suspensión para pedir al gobierno que pagara los 17 millones de euros que debía en concepto de remuneración a los letrados. “Pero no sé si ha servido de algo”, dice Marisol Cuevas. “La coyuntura económica es la que es, y a pesar de las manifestaciones y de las protestas, nos van a recortar mucho dinero”. De hecho, hay también una reducción del 20 por ciento en las subvenciones que reciben por gastos de gestión e infraestructura. “Tendremos que adaptar el servicio a los recursos que tengamos, y evidentemente eso puede perjudicar al ciudadano que necesita una designación rápida, por ejemplo, para un caso de desahucio”.

Valencia y sus ajustes

La reducción en este caso es espectacular: 26 por ciento. La Generalitat valenciana gastó en el turno de oficio 25 millones de euros en 2011, y el presupuesto de 2012 lo cifra en 18,5 millones de euros. El tijeretazo por lo tanto se sitúa en el 26 por ciento. Eso obviamente, va a pasar factura a la retribución de los 3.400 letrados que trabajan en el turno de oficio en Valencia. “Hay que tener en cuenta”, dice Rafael Bonmatí, “que el baremo de los abogados no se ha tocado desde 2005, no se ha subido el IPC, con lo cual se aplica un recorte a una retribución que ya estaba congelada”.

Es por eso precisamente por lo que esta comunidad ha sido la que ha protagonizado las protestas más sonoras. “hemos visto cómo se hacen recortes a costa de los letrados menos pudientes, con lo cual hemos visto peligrar la buena prestación del servicio, no por falta de calidad de quienes lo prestan, sino porque no disponemos de los gastos de infraestructura y no podemos atender esos gastos”.

Sin embargo, la situación ahora se está reconduciendo. Asegura Bonmatí que las conversaciones para alcanzar un acuerdo con la Conselleria van por el buen camino. “Como ocurre en estos casos el acuerdo no va a dejar del todo satisfecho a nadie, pero al menos la situación estará un poco mejor”. El objetivo es marcar un plan de ruta para los próximos dos años, y en ese momento volver a sentar, negociar y retribuir mejor este servicio. Asegura Bonmatí, que entienden que la situación es difícil pero que “cada uno debe cumplir con su tarea”.

Y es que han sido los propios Colegios de abogados ( a través de los fondos que obtienen de las cuotas) quienes han estado cargando con los gastos de gestión e infraestructura del turno de oficio “y lo que nosotros hacemos es prestar un servicio público, es la administración quien debe correr con los gastos”. Bonmatí usa un ejemplo que ilustra bien este sentimiento: “Imagínate que no hay dinero para los gastos de mantener los quirófanos de un hospital. A nadie se le pasaría por la cabeza que los médicos tuvieran que pagar, pues eso mismo es lo que pedimos nosotros, que la administración cumpla con sus deberes”.

Publicado en: diariojuridico.com