Para incidir en el redactado de la modificación en sus primeros momentos, el ICAB ha elaborado una serie de propuestas y ha solicitado ser convocado a las reuniones que se  puedan mantener sobre esta cuestión.

La Justicia Gratuita, como el lector de DIARIOJURIDICO conoce, ha generado diferentes conflictos a lo largo del pasado año.  Problemas ha habido en diferentes ciudades españoles para su cobro. En el caso concreto del ICAM la situación es muy compleja al anunciar la propia Comunidad de Madrid que se iba a recortar un 20% el presupuesto de Justicia para este año. A lo largo del pasado año y de este ha habido problemas de pago para los abogados, situación que cristalizo en muchas tensiones en este servicio.

La última Conferencia Sectorial que organizó Justicia con las COmunidades Autónomas con competencias transferidas también abordó este tema y dejó claro que habría que modificar el modelo y quizás modificar las condiciones de acceso a la citada Justicia Gratuita. De hecho una de las ideas del propio Gallardón era que esta iniciativa se financiara a través de las tasas de la justicia, ya implantadas tanto en personas jurídicas como físicas.

Se adjunta, en archivo adjunto (a pie de página), el borrador de modificación preparado por el Ministerio de Justicia  que no modifica, en esencia, el actual modelo de justicia gratuita, y la propuesta elaborada por el ICAB con las oportunas justificaciones de las mismas.

En la propuesta del ICAB se busca: una mejor racionalización de la gestión del sistema, para su simplificación y que las actuales Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita puedan asumir otras funciones que pueden mejorar la eficacia del sistema, ampliar los efectos del reconocimiento de la justicia gratuita a ámbitos necesarios y que ahora no tienen cobertura (traductores, administradores concursales…), y otras mejoras del sistema

Desde esta entidad se ha solcitado la supresión de todas aquellas modificaciones que pueden poner en peligro la libertad de criterio del abogado en la elección de la línea de defensa o que obligan a éste  a asumir tareas de inspección del sistema, en tanto que éstas pueden provocar una quiebra en la relación de confianza necesaria con el cliente, y se reclama que la retribución de los abogados sea digna.