Los abogados del turno de oficio de la Comunidad de Madrid han convocado concentraciones entre el 24 y 26 de septiembre en la Plaza de Castilla para protestar contra los recortes en justicia gratuita. Están recogiendo firmas además para iniciar una huelga de las guardias a los detenidos a partir de octubre y ya han anunciado que no cesarán en sus acciones hasta que el gobierno autonómico no dé marcha atrás en sus planes de reducir hasta un 20 por ciento este presupuesto destinado a prestar asistencia jurídica a aquellas personas que no tienen medios para litigar.

Es la punta del iceberg de un problema que se arrastra desde hace años y que la crisis ha acrecentado en el último período. La falta de puntualidad en los pagos, unas remuneraciones que no se actualizan desde hace años y la falta de reconocimiento de la labor de estos profesionales ha extendido el malestar por todo el territorio nacional. En el caso de Madrid el descontento ha cristalizado con la creación de una Plataforma en Defensa de la Justicia Gratuita, que engloba a magistrados, jueces, abogados y fiscales que anuncian movilizaciones contra el pretendido recorte del 20 por ciento.

La que fuera hasta hace pocos días presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, llegó a avanzar que el gobierno autonómico pretende devolver al Estado las competencias en esta materia una vez aprobada la nueva ley que en este momento se encuentra en fase de consultas.

A la espera de lo que decida el nuevo presidente, Ignacio González, se abren una serie de dudas que DIARIO JURÍDICO analiza con expertos en la materia. ¿Es beneficioso devolver competencias al Estado? ¿Puede haber un efecto dominó? ¿Qué sistema es el mejor para financiar la justicia gratuita? ¿Cuáles serían los efectos de una renuncia masiva de los abogados de Madrid a prestar las guardias? Pablo Llarena (foto 1), presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis González Armengol (foto 2), juez Decano de Madrid, Pedro Yúfera (foto 3), decano del CICAC – Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya - y Marisol Cuevas (fot 5), responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid aportan en este reportaje sus reflexiones en la materia.

La situación en Madrid

Actualmente hay unos 4.500 abogados que prestan asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid. La remuneración que reciben por cada caso depende del baremo autonómico, pero para hacernos una idea un caso de divorcio, por ejemplo, se paga a 360 euros. “Las remuneraciones ya son de por sí bajas – explica Marisol Cuevas – y desde 2003 no se han actualizado, no se ha aplicado el IPC.

Ahora, además, anuncian que estas cantidades se reducen un 20 por ciento, lo que nos lleva a una pérdida del poder adquisitivo de casi el 50 por ciento desde 2003”.A esto se le añade el retraso en los pagos. No han cobrado nada en 2012, de hecho, hace poco que los letrados han cobrado el cuarto trimestre de 2011.

Ante esta situación, hace una semana diferentes organizaciones presentaron en un acto público la llamada Plataforma en defensa de la justicia gratuita. Está formada por las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD), la Unión Progresista de Fiscales (UPF), los sindicatos CCOO y UGT, así como las asociaciones de abogados ALA, ALTODO y APAEM, que han decidido organizarse alrededor de esta plataforma, para “frenar la dinámica de recortes del gobierno”. De momento se concentrarán en la Plaza de Castilla el 24, 26 de septiembre, aunque ya han avisado que esta puede ser la primera acción de una lista de protestas si el gobierno autonómico no acepta sentarse con ellos a negociar.

La devolución de competencias

Esperanza Aguirre nunca había escondido su voluntad de que el Estado asumiera una serie de competencias que a día de hoy competen a las autonomías. Pero el pasado día 11 durante el debate del estado de la región esa idea cristalizó en una propuesta muy concreta: devolver el turno de oficio cuando se apruebe la ley estatal que revisa las tasas judiciales. Aguirre recogía de esta manera el guante que en mayo había lanzado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que propuso asumir esta competencia a cambio de revisar el actual modelo de justicia gratuita.
Señala José Luis González Armengol que el anuncio “supone un punto de inflexión en lo sucedido hasta la actualidad, donde tan solo se producían transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, se produce con dicha propuesta el fenómeno inverso, que puede coadyuvar a un tratamiento homogéneo del Turno de Oficio en todo el territorio español”.
Se habla de un tratamiento homogéneo porque actualmente, y a pesar de que la asistencia jurídica gratuita viene regulada por una ley estatal, son los distintos reglamentos autonómicos de las comunidades con competencias transferidas las que establecen los parámetros de organización de la justicia gratuita. Las Comunidades que no tienen transferidas las competencias son Castilla León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, y Murcia.

Para González Armengol es un anuncio positivo pues “en materia de Justicia es conveniente que se produzcan el mínimo de divergencias y situaciones disímiles en unos y otros territorios. A efectos de homogeneizar criterios, remuneraciones y agilizar pagos, integrar la regulación del Turno de Oficio es positiva, dada la importancia que el mismo tiene para el cumplimiento de la tutela judicial efectiva, que es un derecho con trascendencia constitucional”.

Desde la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), tras conocer las declaraciones de Aguirre aplaudieron el traspaso porque argumentaron que era la mejor opción ante la “pésima” gestión que estaba llevando a cabo el gobierno regional. Hay que tener presente que actualmente la gestión de la justicia gratuita ya es compartida. Es decir, el Colegio de Abogados de Madrid gestiona la justicia gratuita con el ministerio en los casos que se tramitan en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, aunque eso sí, la mayoría de los casos corresponden a la comunidad.

Es por eso que Marisol Cuevas, del Colegio de Abogados de Madrid, quita trascendencia al asunto y considera que “para nosotros hay una parte que continuaría igual, no sería ni bueno ni malo”. Aunque añade que “sería bueno si se redunda en el pago más puntual a los abogados, al reconocimiento de su trabajo, etc. si eso no es así, será igual”. Por lo que hace referencia a los pagos, Cuevas explica que cumple con más puntualidad el ministerio “El Ministerio ha abonado ya la parte correspondiente al primer trimestre de 2012 y la Comunidad de Madrid todavía no”.
En el caso que finalmente la comunidad de Madrid devolviera las competencias al Estado podría darse una consecuencia para los letrados: la remuneración que recoge el reglamento estatal es el más bajo de todo el Estado. Es decir, es inferior al que actualmente marca la normativa autonómica. En este sentido Cuevas señala que “aquí es evidente que hay que tomar una medida. “No puede ser que en cada comunidad autónoma los abogados por el mismo trabajo perciban diferente remuneración. Eso no es viable”.

Las protestas

Ya avanzábamos que el próximo día 24 comienzan concentraciones en la Plaza de Castilla, pero esta no es la única medida de presión que prevé la Plataforma. De hecho, ya han anunciado que a partir de octubre comienzan una renuncian a los servicios de abogacía de 24 horas de asistencia al detenido. Falta por saber cuánta gente va a secundar esta convocatoria. Desde el Colegio de Abogados de Madrid están a la espera de saber cuántas personas van a presentar la renuncia. En cualquier caso, Cuevas asegura que “estamos a la espera de saber cuántos van a ser. Pero no se va a sancionar a ningún letrado que renuncie a las guardias”.

Lo que sí parece claro es que estas renuncias, dependiendo del número, resentirán el sistema. “Es evidente que los abogados has estado trabajando de una manera ejemplar”, dice Cuevas “y que ahora esto puede cambiar”. De hecho, se podría llegar a dar la situación que un detenido no tuviera la asistencia de un letrado, y dependiendo de la gravedad del delito podría pasar directamente a disposición judicial o quedar libre.

Modelo de financiación

La situación que vive Madrid no deja de ser un reflejo de un problema de fondo: la dificultad para financiar la justicia gratuita. Para Marisol Cuevas “la justicia gratuita es un derecho fundamental de los ciudadanos. Los políticos no lo pueden ver como rentabilidad política. Aguirre de hecho basaba la devolución de las transferencias en la rentabilidad, pero es que la justicia no es rentable políticamente, es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos, en términos de rentabilidad política no tiene valoración ninguna”.
Sin embrago Pablo Llarena sí que considera que “Más allá de que el coste de Justicia Gratuita hace conveniente una revisión de los casos en los que el Estado debe asumir el pago de los gastos de abogado por los ciudadanos, es verdad que el coste del funcionamiento de la Justicia ha sido asumido por algunas comunidades autónomas”. Es por eso que el Juez Decano de Madrid cree que “si la implantación de las costas tiene por objeto que parte de los gastos de la Justicia sean soportados por los usuarios y no por la administración pública, parece lógico que la recaudación revierta en favor de las comunidades. De otro modo veríamos que las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas en materia de Justicia serían las que asumieran el coste de su funcionamiento y la administración central la que recaudaría lo que se obtiene con su funcionamiento”.
Sin embargo no hay unanimidad en que las tasas deban ser la solución a la justicia gratuita, de hecho Marisol Cuevas señala que “no creo que las tasas puedan abarcar todo el pago del turno de oficio”, y des del CICAC que preside Pedro Yufera  ya han denunciado que consideran que la implantación de una tasa en el sistema de justicia español atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva que tienen todos los ciudadanos.

Efecto dominó

Teniendo en cuenta la dificultad que tienen muchas comunidades autónomas para hacer frente a los pagos, una pregunta razonable es saber si el anuncio de Esperanza Aguirre puede generar un efecto dominó, es decir, si otras autonomías pedirán también el traspaso de estas competencias al Estado.

Pedro Yúfera, decano del CICAC, se muestra contundente. “Respecto a la situación en Catalunya, la Abogacía Catalana coincide con el Govern de la Generalitat y en concreto con el Departament de Justícia que es más eficaz y adecuado que la competencia la asuma y la ejerza la administración más cercana al ciudadano. La distancia en la toma de decisiones y la materialización de la gestión puede conllevar distorsiones e inconvenientes para el destinatario final”.

Además, añade que “en el caso de la gestión del derecho a la justicia gratuita, en Catalunya nos sentimos muy satisfechos de la actual asunción de competencias que facilita esta gestión, el conocimiento de la problemática, el intercambio de información con los intervinientes y la toma de decisiones, y aunque no siempre compartimos las resoluciones valoramos muy positivamente la posibilidad de mantener un diálogo fluido, constante y cercano”.
De momento, ninguna autonomía ha dicho públicamente que quiera tomar el mismo camino que el señalado por Madrid.

Publicado en: diariojuridico.com