La judicatura española ha reaccionado de forma muy crítica ante la decisión llevada a cabo por el Consejo de Ministros el pasado viernes, que concedió el segundo indulto a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturar a un hombre al que confundieron con un atracador violento. La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), que actualmente está integrada por 595 Juces y Magistrados en activo, se ha mostrado claramente contraria a la aplicación de esta medida y ha reclamado que se modifique urgentemente la Ley del indulto o que, en caso de mantenerse, se aplique muy excepcionalmente.

Doble indulto para un mismo caso

El caso que ha motivado estas reclamaciones se inició en Julio de 2006 cuando cinco agentes del cuerpo policial de Cataluña confundieron a un hombre de origen rumano, Lucian Paduraru, con un atracador violento. Posteriormente, Paduraru denunció a los policías por torturas, lo que fué confirmado por la Audiencia de Barcelona, que condenó a los mossos a penas de seis años y siete meses de cárcel por delitos contra la integridad moral, torturas y lesiones. En Diciembre de 2009, el Tribunal Supremo rebajó las condenas hasta cuatro años y seis meses de cárcel y les inhabilitó profesionalmente, pero no fue hasta dos años y cuatro meses más tarde cuando el Consejo de Ministros concedió el primer indulto parcial a los policías, rebajando las penas a dos años de cárcel y cambiando la inhabilitación por una suspensión temporal de dos años de cargo público.

En este punto, al caso todavía le quedaba un largo camino por recorrer y es que la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó, atípicamente, la ejecución de la condena de cárcel, a pesar que ninguno de los agentes tenía antecedentes penales, alegando “razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social”. Por su parte, los mossos pidieron la suspensión del ingreso en prisión hasta que el Gobierno se pronunciase sobre su segunda petición de indulto, que fue denegada por la Audiencia de Barcelona.

El próximo 10 de diciembre era la fecha límite para que el Gobierno atendiera o denegara la petición de los agentes, pero la incógnita se resolvió el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros concedió el segundo indulto a los cuatro reos y conmutó la pena de prisión por una sanción económica de 10 euros al día durante dos años (lo que suma 7.200 euros en total). 

El Tribunal Supremo había considerado probado que los agentes apalearon, amenazaraon e introdujeron una pistola en la boca del detenido, además de tratar de forma degradante a la mujer del acusador, que en ese momento estaba embarazada de tres meses. Sin embargo, el Gobierno ha declarado mediante un comunicado de prensa que el indulto se concedió después de “analizar la amplia documentación e información que contienen los expedientes aportados”.

Reacción crítica por parte de la judicatura

El juez decano de Madrid y portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luís Gonzalez Armengol, ha dicho que el indulto es un “anacronismo y un viejo vestigio del antiguo régimen y del poder de gracia que tenía el soberano”, por lo que desde la asociación entienden que “se tiene que ejercitar de una forma muy restrictiva”. Según Gonzalez Armengol, los indultos pueden concederse por razones de piedad o humanidad pero “en muchísimas ocasiones se practican por razones de oportunidad”.

Desde la Asociación de Jueces consideran que la medida se ha aplicado de forma indebida en este caso ya que ha habido una demora importante de la tramitación del indulto y no se han tenido en cuenta los informes que ha emitido el tribunal sancionador. Gonzalez Armengol ha explicado que estos informes no son vinculantes pero se tendrían que tomar más en consideración, así como al Ministerio Fiscal, como parte interviniente en delitos públicos, y a las víctimas de los delitos. Y ha añadido: “En este caso concreto, suena extraño o no es habitual cuanto menos, que se hayan concedido dos indultos para una misma cuestión”. Además, “uno de los problemas que tiene el indulto es que no se razona, ni se motiva, ni se fundamenta su concesión”, por lo que ha insistido en que urge la modificación de la ley.

Publicado en: diariojuridico.com