Jueces y fiscales llevarán a cabo este viernes concentraciones frente al Ministerio de Justicia en Madrid, así como en todas las capitales de provincia, como medida de protesta contra las últimas reformas legislativas instadas por el Ejecutivo. Especialmente, protestarán contra la Ley de Tasas, que entra en vigor hoy jueves pero su liquidación práctica no se podrá practicar hasta dentro de unas semana por falta de impresos.

El malestar de la judicatura y de la fiscalía española con las reformas emprendidas por el Gobierno ha llevado a la Comisión Interasociativa Permanente, que agrupa a las principales asociaciones de los jueces (APM, FV, JD i FJI) y de los fiscales (AF, apif y UPF), así como a los Decanos de Juzgados de las principales capitales, a organizar estas protestas. Además, ambos colectivos no han descartado la convocatoria de una huelga, “si no se ven atendidas las reclamaciones” que plantean.

Dichas reclamaciones son: el incremento de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa; la paralización de los Anteproyectos de Reforma del CGPJ; el mantenimiento del presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013; la retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales y el no establecimiento de tasas judiciales que impidan el acceso a la Justicia.

Según informa la Comisión, el motivo principal del conflicto se halla en la pérdida de independencia judicial y en la garantía del acceso al servicio público de justicia, pero, además se suman otros factores que influyen en la situación de colapso y sobrecarga de trabajo denunciada reiteradamente y agravada por los 4 años de crisis que han transcurrido desde 2008.

Jueces y fiscales lamentan que en el informe del Consejo de Europa sobre la calidad de la Justicia se refleje que en España hay 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Alemania hay 24,3; 17,8 en Austria o 14,8 en Bélgica. España se sitúa en una ratio juez/habitante similar a la de países como Turquía, y 10 puntos por debajo de la media europea. Ademas, el Estado y las Comunidades Autónomas dedican el 1% del presupuesto a Justicia, prácticamente la mitad que la media europea (1,9%).

Por otro lado, la Comisión Interasociativa Permanente recuerda que existen encuestas sobre jornada de trabajo efectuadas por Jueces para la Democracia, en que se evidencia que el 75% de la Carrera judicial en servicio activo efectúa excesos de jornada, superando los límites de derecho comunitario, sin derecho a compensación en descanso ni retribución alguna por dichos excesos y con vulneración de las Directivas comunitarias 2003/88 y 89/391 sobre tiempo de trabajo, seguridad y salud.

Concretamente, las medidas sobre las que formulan sus quejas son las siguientes:

1.- Reforma del CGPJ: “Se pretende reformar el CGPJ recortando su potestad reglamentaria, suprimiendo competencias como la formación de Jueces, en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, eliminando la actividad internacional del CGPJ y limitando la autonomía presupuestaria del CGPJ”.

2.- Ley de tasas judiciales: “Se pretende desincentivar el recurso a la justicia por parte de los ciudadanos, mediante la ampliación sustancial de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos”.

3.- Régimen estatutario de Jueces y Magistrados: “Bajo el simulado objetivo de ‘profesionalizar la justicia’, se pretende la desaparición de más de 1.400 Jueces sustitutos y Magistrados suplentes atribuyendo a los existentes el trabajo que están haciendo los sustitutos y suplentes, sin el correspondiente aumento de Planta Judicial y acompañada de una congelación de las oposiciones y concursos a Juez y Magistrado. Ello va a suponer una nueva sobrecarga y un descenso del número de señalamientos puesto que han de compatibilizarse los diferentes Jueces de un mismo partido para cubrir laseventuales ausencias que por cualquier razón puedan producirse: enfermedad, formación, licencias, etc”.

Asimismo, jueces y fiscales se quejan de la voluntad de modificar el actual régimen de permisos y licencias. La consideran “arbitraria y sin estar basada en dato objetivo alguno”, dado que “el actual sistema no provoca ningún coste económico ni afecta a la carga de trabajo de los órganos judiciales y la modificación prevista no afecta a la eficacia de la función jurisdiccional y en cambio, disminuye de manera relevante las posibilidades de conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal”.

Publicado en: diariojuridico.com