La Comisión Electoral del Colegio de Abogados de Madrid todavía no ha comunicado oficialmente la victoria de Sonia Gumpert como nueva decana del ICAM pero el actual Decano en funciones, Antonio Hernández Gil ya ha emitido un comunicado (disponible al final de este artículo) en el que explica que dicho órgano decidió su nombramiento entre la noche de sábado y la madrugada del domingo, según se afirma en un correo electrónico procedente de la Asociación de letrados del turno de oficio, ALTODO, integrada en la candidatura electa.

Además, Hernández Gil explica que la Comisión Electoral le informó, posteriormente y a través de llamada telefónica, del sentido de la resolución. También han confirmado la victoria fuentes consultadas por Diario Jurídico. Sin embargo, la Comisión electoral, integrada por letrados como Carlota Garrigues, Ferran Sama y Enrique Arnaldo junto con otros miembros, todavía no ha hecho ningún comunicado oficial ni tampoco ha notificado su decisión a la Junta de Gobierno en funciones o a las candidaturas que impugnaron el proceso electoral, lo que se espera que tenga lugar pasados los próximos días festivos.

Hernández Gil también ha anunciado, mediante el citado comunicado, el inicio de acciones judiciales por las manifestaciones hechas por parte de la Asociación ALTODO que imputan a su candidatura la sustracción de documentos del Colegio durante la noche del día 22 de diciembre, lo que el actual Decano define de “radicalmente falso y en consecuencia injurioso”. Un cruce de acusaciones que ya empieza a convertirse en habitual en medio de una polémica inaudita producida en el Colegio de Abogados más grande de España, que empezó el pasado martes 18 por la noche tras el cierre de las urnas en el Palacio de Congresos de Madrid.

Alegaciones presentadas 

Después de que la policía entrara en la sede electoral para llevarse unos ordenadores que, supuestamente, habría usado la candidatura de Sonia Gumpert para obtener datos de los electores, la Comisión decidió suspender la proclamación de los resultados. Los candidatos tuvieron plazo hasta el pasado viernes día 21 para presentar alegaciones y aportar medios de prueba.

Según explicó Jorge Morales, abogado penalista de Interforo, en un artículo especial publicado por este periódico, las pruebas debían acreditar que hubo una “actuación por parte de una lista concreta consistente en condicionar o manipular la libertad de voto. Es decir, que alguien recibió presión de algún tipo o sugerencias con suficiente intensidad para que el elector votara en un sentido o en otro”. Sin embargo, Morales opina que la interpretación de los hechos que haga la Comisión va a estar sujeta a lo que decida finalmente un juez contencioso administrativo. Según el letrado, “si resulta anulado el resultado electoral, la lista ganadora impugnará la decisión mediante una demanda formal ante el juzgado contencioso-administrativo”. Del mismo modo, en caso de que no prosperen las alegaciones de las listas que impugnan el proceso electoral, “la mayoría de ellas también acudirán a la jurisdicción contenciosa-administrativa para intentar anular la resolución de la Comisión”, explica.

En cualquier caso, fuentes internas a las candidaturas han explicado que las alegaciones presentadas el viernes 21 se firmaron en bloque por parte de seis candidaturas, mientras que la candidatura de la Asociación Libre de Abogados, encabezada por Lorena Ruiz, decidió presentarlas de forma individual.

El contenido de las alegaciones conjuntas se centró en cuestiones sobre la normativa de protección de datos, la supuesta vulneración del derecho fundamental de voto producida por parte de los interventores al sacar información del censo fuera de la mesa y la supuesta ilegalidad del acuerdo mantenido por parte de la candidatura de Sonia Gumpert con la asociación de abogados del turno de oficio, Altodo. 

Comunicado Hernández Gil

Publicado en: diariojuridico.com