El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Pedro L. Yúfera, ha entregado este jueves 11.399 firmas al Síndic de Greuges -Defensor del Pueblo catalán-, Rafael Ribó, que los catorce Colegios de Abogados de Cataluña han recogido en contra de las tasas judiciales.

La Abogacía considera desmesurada la tasa estatal que se exige para poder interponer un procedimiento judicial y denuncia que la Ley de Tasas Judiciales vulnera uno de los derechos más fundamentales del ciudadano: el derecho a la tutela judicial efectiva.

“Pretendemos denunciar la desproporcionalidad de las cuantías de las tasas impuestas por el Ministerio de Justicia que, tal como han sido aprobadas, están provocando un claro efecto disuasorio y un obstáculo al ciudadano para acceder a la justicia, al tiempo que vulneran su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”, ha explicado el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Pedro L. Yúfera, en el momento de la entrega de las firmas. El Síndic estudiará esta reivindicación conjunta de la Abogacía Catalana.

Recurso ante la Audiencia Nacional

Esta no es la única medida que ha adoptado la Abogacía Catalana para luchar contra unas tasas que considera abusivas. La semana pasada presentó un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial que regula el pago de las tasas judiciales previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.

En el recurso, el Consejo solicita la suspensión de la aplicación de la Orden Ministerial por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Las tasas constituyen “un obstáculo económico insalvable para infinidad de particulares, teniendo en cuenta su elevada cuantía”, dice el recurso, que alerta del “desproporcionado efecto disuasorio” del acceso a la justicia que pueden generar las nuevas tasas “especialmente en aquellas personas con menos recursos económicos, sin llegar a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita”. La Abogacía Catalana solicita la anulación de la orden ministerial que regula las tasas y, por tanto, su aplicación, por “inconstitucional”.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española, también presentó, el pasado 28 de enero ante la Audiencia Nacional, el recurso contencioso-administrativo contra la Orden de Hacienda, que aprueba el modelo de autoliquidación y devolución de las tasas judiciales.

Las firmas, también al Ministerio de Justícia

Los Colegios de Abogados catalanes también han hecho llegar las firmas al propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a través de la plataforma ‘Justicia para todos’ -constituida por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos representativos de la Administración de Justicia, CCOO, UGT, CIS-F, USO y STAJ- que la semana pasada entregó más de 250.000 firmas de rechazo a las tasas al Ministerio de Justicia.

Publicado en: diariojuridico.com