El portavoz de Pesca del Grupo Popular, Joaquín García Díaz, en el debate de ponencia del Proyecto

La Comisión de Justicia aprobó este martes el proyecto de Ley de Navegación Marítima presentado por el Gobierno, que queda ahora pendiente de aprobación por el Senado. La nueva ley supone la derogación del Título III del Código de Comercio de 1885 con el objetivo de adaptar la normativa reguladora del tráfico marítimo a la realidad del transporte marítimo hoy en día. Así, se superan las contradicciones que existían entre los convenios internacionales suscritos por España y su ordenamiento interno. Además, y tal como explicó el Portavoz de Fomento del Grupo Popular, Andrés Ayala, en el debate de ponencia, la ley “aliena España con las soluciones que imperan en países del entorno”. La homogeniezación también mejorará la seguridad jurídica del sector.

Por su parte, el diputado socialista José Segura destacó el “gran calado” del proyecto de ley porque regula un “sector clave” para la economía española. Aún así los socialistas se abstuvieron en la mayoría de la votación porque consideran que la nueva ley debería incluir la regulación del salvamento de vidas en mar y de la lucha contra la contaminación amibiental. Sí votaron a favor de la regulación de los certificados de seguridad. Uno de los aspectos que fue objeto de enmienda por parte del grupo socialista fue el régimen de los “polizones”, ya que la nueva ley pretende reforzar tanto la lucha contra la inmigración ilegal como la protección de la dignidad humana. 

La norma regula y fija las condiciones de los contratos de utilización del buque y de construcción naval, además de incorporar novedades en compraventa de buques, especialmente en materia de hipotecas navales. Además, la nueva ley incluye un régimen de determinación de la responsabilidad de los sujetos que intervienen en el tráfico marítimo.

Des de UPyD, que también apoyó el texto, se hace una lectura positiva del acuerdo porque la ley “necesitaba cuanto antes una puesta al día”, según declaró su portavoz adjunto Carlos Martínez. Aún así, el grupo no está completamente de acuerdo con la nueva ley, y reclama por ejemplo que se elimine el tratamiento fiscal especial que se le da a los buques de recreo.

Por su parte, CiU y PNV se mostraron preocupados por la afectación de las competencias autonómicas que puede suponer la ley, por ejemplo en materia de autorización de intervenciones de arqueología subacuática. Así, los nacionalistas catalanes se abstuvieron en la mayoría del texto y votaron en contra de la  regulación sobre constitución de la hipoteca, sobre accidentes de navegación y sobre registros. El PNV se opuso a la totalidad.

También votó en contra de todo el texto Izquierda Plural porque “ni moderniza ni compila ni aborda los principales problemas de la marina civil y la navegación marítima”, según denunció el diputado Gaspar Llamazares. El grupo también lamentó que el proyecto se aprobara por una comisión pese a su relevancia.

El despacho de abogados San Simón & Duch, especialista en Derecho Marítimo, considera que la nueva ley es un auténtico avance que dota España de “un moderno régimen general de derecho marítimo” y asegura que “el sector esta de enhorabuena”. El despacho también valora muy positivamente que se haya modernizado la gran mayoría de la regulación marítima a través de un sólo texto, convirtiendo España en el único país con un único texto tan completo.