La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha abierto, este martes, a los invidentes la posibilidad de ejercer como jueces al responder a la consulta planteada por Gabriel Pérez Castellanos, invidente total, que es posible su acceso a la carrera judicial en caso de que llegue a superar el proceso selectivo correspondiente.

El acuerdo, adoptado por unanimidad, señala que Gabriel deberá desempeñar sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades.

La Permanente ha acogido así el criterio del vocal Juan Manuel Fernández, recogido en un informe en el que recordaba que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de los discapacitados y a ampararles en el ejercicio de sus derechos y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

El informe de Fernández, que también es presidente del Foro Justicia y Discapacidad, sostenía que son excepcionales los medios de prueba “que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible” y agregaba que en la actualidad existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes.

También consideraba que no puede afirmarse que la vista sea un sentido imprescindible en las audiencias a testigos y partes, mientras que las leyes procesales conceden importancia a elementos aprehensibles a través del oído, como la evasión en las respuestas, los titubeos o las vacilaciones.

El informe admite que algunas fuentes de prueba solo son apreciables a través de la vista –como el reconocimiento de un terreno a efectos de deslinde, por ejemplo-, pero estima que ello no es suficiente para denegar de forma tajante a los invidentes el acceso a la carrera judicial.