El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, se reunió el pasado miércoles en el Senado con un grupo de senadores del Partido Popular encabezado por Manuel Altava. El objetivo de la reunión fue transmitir los aspectos “peligrosos” que establece el anteproyecto de ley de Colegios y Servicios profesionales, aprobado el pasado 2 de agosto de 2013, en relación a la “pérdida de calidad” que pueden percibir los ciudadanos si el texto final aprobado queda con la redacción actual. Según el ICAB, los senadores se mostraron “sensibles” y “receptivos” a los comentarios y explicaciones del decano del Colegio de Abogados de Barcelona y transmitieron su compromiso de estudiarlos.

El también presidente de la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña, Oriol Rusca, manifestó: “Los abogados prestamos servicios a los ciudadanos y no podemos permitir que las leyes dejen de garantizar una calidad en el servicio ofrecido por los profesionales, independientemente de la tarea concreta que realicen. El control deontológico y la formación han sido garantizados hasta ahora por los colegios profesionales y es una tarea que debemos seguir garantizando”.

Rusca también les expresó “la imposibilidad de que los Colegios de Abogados puedan asumir la tarea de defensa de la profesión y la prestación de los servicios que realizan actualmente con una cuota anual máxima por colegiado de 250 euros”. Una medida de este tipo sería “la sentencia de muerte para muchas corporaciones”, ha expresado Rusca.

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona también se mostró crítico en relación a la posible falta de obligatoriedad legal de que los abogados deban tener una póliza de responsabilidad civil. “Los colegios proporcionamos una póliza de responsabilidad a todos los abogados. No entendemos como una cuestión tan esencial como esta se puede poner ahora en duda, porque puede crear una situación de indefensión muy grande hacia las personas que no podemos tolerar; el cliente es finalmente quien “pagaría” las consecuencias de haber depositado su confianza en una persona que quizás no cumple todos los requisitos para ejercer con garantías la profesión. Por poner un ejemplo, es como si ahora una nueva ley dijera que no hay seguro para conducir un vehículo”.

Según el ICAB, el anteproyecto de ley de Colegios y servicios profesionales “tiene un afán intervencionista, quiere controlar aspectos del funcionamiento interno de los colegios profesionales y no reconoce la base asociativa y social que tienen; de manera que estas corporaciones pasarán a ser sometidas al protectorado de unas estructuras burocratizadas que no han sido elegidas por sufragio universal”. Según la corporación, estas estructuras podrían, por ejemplo, destituir a la Junta de Gobierno de un colegio profesional elegida democráticamente o incluso disolverlo.