Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950) se muestra confiado en que muchas de las propuestas que se lanzan en el Libro Blanco, la primera radiografía completa que se ha hecho del Ministerio Fiscal, sean tomadas en cuenta por el Gobierno. Asegura que la situación de la Justicia en España no es alarmante ni caótica. Eso sí, reconoce que es muy mejorable.

Con tono serio y seguro, el fiscal general del Estado clama por un mejor reparto de los medios entre jueces y fiscales, pide una desjudicialización de temas que ahora inundan los tribunales de expedientes sin resolver y, sobretodo, reclama que el sistema judicial en España cuente con el nivel de tecnología que tiene Hacienda, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico.

“Nunca ha habido, desgraciadamente, un plan de inversión tecnológica en la Administración de Justicia y lo estamos padeciendo”, asegura, al tiempo que demanda la creación de una Agencia Nacional de Tecnología.

El pasado mes de abril comenzó la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal. ¿Qué acogida está teniendo?

La acogida tendrá que verse en las posibles consecuencias. Ya hemos hecho las presentaciones más institucionales. Ahora habrá que entrar en una segunda fase, que serán las presentaciones autonómicas. Como el Libro Blanco tiene un diagnóstico de cada unas de las situaciones que planteamos, conclusiones y propuestas, a mí me gustaría que pudiéramos operar en las dos direcciones. Es decir, que tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos pudieran recoger alguna de las propuestas. Y nosotros también, desde la Fiscalía, vamos a empezar a impulsar algunas de las proposiciones planteadas. En la memoria de este año va a haber una parte importante en la que vamos a recoger iniciativas de tipo legislativo, algunas de las cuales serán extraídas del Libro Blanco. Además vamos a empezar a hacer propuestas a nivel de Gobierno central y gobiernos autonómicos.

La acogida ha sido excelente porque se trata de una reflexión crítica y autocrítica de la situación del gobierno fiscal, dejando a parte, reformas procesales que seguían otro curso completamente distinto. Creo que es una buena ocasión para recoger un trabajo de campo que pocas veces se hace, un libro que no es nada retórica, que está muy pegado a la realidad y que va examinando las excesivas funciones que, a veces, se le atribuyen al Ministerio Fiscal; las plantillas; las infraestructuras; los medios tecnológicos; y los criterios de formación de los fiscales. De alguna forma, hace una radiografía del estado actual del Ministerio Fiscal y de la perspectiva de futuro. Y al ser muy concreto y pegado a la tierra, pues a mí me gustaría que fuera un instrumento para las políticas gubernativas y legislativas de este país, respecto a la justicia en general y, particularmente, respecto al ministerio Fiscal.

Hay muchos libros blancos que quedan en nada…

Sí, desgraciadamente, la idea que se tiene de los libros blancos es que no valen para nada. Yo espero que éste sí que valga porque las propuestas y las conclusiones que se hacen son muy claras y muy concretas.

¿El Libro Blanco se ha realizado con el esfuerzo colectivo de la carrera fiscal. Le ha sorprendido alguna de las conclusiones que han salido?

En términos generales, todo el mundo ha sido muy sincero y creo que el resultado refleja bien la idea de los que estamos dentro del Ministerio Fiscal. No voy a decir que me ha sorprendido pero sí que me ha ratificado la idea de que, dentro de la carrera fiscal, existe un gran consenso acerca de las cosas que deben hacerse.

Quizás, yo habría pensado que se podría ser aún más radical, por emplear esta palabra, a la hora de censurar ciertas funciones que se nos atribuyen. Pero comprendo también que, desde dentro de la carrera, se piense que la Fiscalía debe seguir, pese al coste -a veces muy grande- en determinados campos. Pongo un ejemplo: en procesos de familia (divorcios, separaciones…), creo que hay que reflexionar la idea de que la presencia del fiscal sólo se justifique en aquellos casos en los que el menor está verdaderamente en situación de desamparo. Eso nos permitirá no estar, permanentemente, en debates familiares en los que el Ministerio Fiscal siempre puede aportar algo pero no es elemento decisivo.

En alguna ocasión le he escuchado decir que los medios con los que cuenta la Justicia en España están mal repartidos. ¿Por qué?

Sí, me parece que no tenemos derecho, de cara a los ciudadanos, a entender que con los medios que tenemos no podemos actuar, porque no es verdad. Lo que sí reclamamos es que esos medios se distribuyan mejor. Ya lo he puesto de manifiesto en las memorias de estos dos últimos años y lo ponemos de manifiesto también en el Libro Blanco: que el 97% de la inversión en tecnología vaya a parar a jueces y tribunales y sólo un 3% al Ministerio Fiscal y que el 95% del personal auxiliar de la Administración de Justicia vaya a jueces y tribunales y sólo un 5% al Ministerio Fiscal revela, claramente, un desequilibrio de medios. Con eso no quiero decir que esos 97% y 95% no sean los que necesiten la carrera judicial. Estoy seguro de que es así, incluso más. Pero los fiscales, que somos casi la mitad del total de jueces y con todas las funciones que tenemos, necesitamos que ese tan corto espacio que nos queda se incremente.

Desde el punto de vista tecnológico, creo que merece una reflexión el desbarajuste que hay en este momento. No es que no se esté invirtiendo en tecnología es que se está invirtiendo fragmentariamente y sin un plan concreto, en muchas ocasiones. Y así podíamos seguir desgranando. ¿Las plantillas de jueces y fiscales son suficientes? Bueno pues deberían de serlo. Lo que pasa es que hay que hacer una reflexión sobre si no hay que desjudicializar ciertos aspectos. La tasa de litigiosidad que tenemos en nuestro país es la tercera más importante de Europa, según el último informe del Banco de España. Y eso es porque hay muchas cosas que se contabilizan en términos de litigiosidad que no deberían.

Ya hemos puesto de manifiesto en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal y fuera de él también que habría que hacer una reflexión acerca de los juicios de faltas o sobre actos de jurisdicción voluntaria que, a lo mejor, no deberían estar en la propia jurisdicción. Creo que en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, España probablemente sea el país en el que hay más facilidad para acceder a lo que es una verdadera jurisdicción contencioso administrativa y no a un segmento de la Administración, que con carácter de imparcialidad e independencia, juzgue esas reclamaciones contencioso administrativas. Da la impresión de que somos un país muy conflictivo socialmente pero no lo somos.

Y ahí, la solución sería…

Pues de la misma forma que hemos hecho nosotros un Libro Blanco sobre el Ministerio Fiscal, creo que entre todos habría que hacer un Libro Blanco de la Justicia de las mismas características. Una de las reflexiones que tiene que hacer el Gobierno de turno es en qué manera podemos aliviar la alta tasa de litigiosidad. Cómo: pues facilitando filtros previos. Somos un país en el que el arbitraje no funciona; en el que la administración no cumple con esos deberes de imparcialidad e independencia, provocando que sus resoluciones sean recurridas, casi sistemáticamente, en los tribunales de justicia y que, en definitiva, haya aspectos del proceso penal que acaban siendo las dos tercera partes de todos los procesos que existen en España, los cuales podían ser objeto de una desjudicialización.

Esa reflexión creo que hay que hacerla, antes de meditar, también, si tenemos una plantilla de jueces y fiscales adecuada a esas respuestas judiciales.

¿Están los ingredientes para fomentar el arbitraje?

Pues si todo está inventado, porque prácticamente todo está inventado y todo funciona, mejor o peor, pero funciona generalmente, será cuestión de reflexionar por qué aquí no funciona. ¿A qué se debe que los arbitrajes en España no hayan cuajado como en otros países y que, al final, las resoluciones de los árbitros acaben en los tribunales de Justicia? No sé si el procedimiento es muy caro, si el arbitraje acaba no siendo un arbitraje porque se eligen demasiado los árbitros… No lo sé, no lo conozco bien. Pero lo cierto es que el arbitraje en España no tiene la enjundia que tiene en otros países.

Parece que se sigue deshojando la margarita sobre si introducir o no la figura del fiscal instructor.

La posición del Ministerio Fiscal y la mía propia es clara: si se va a modificar el estatus de la instrucción, nosotros somos partidarios de que la investigación quede en manos del Ministerio Fiscal en una fase parecida a la de la legislación portuguesa. Es decir, que cuando investigue el fiscal no haya interferencias, ni por parte del juez de garantías ni de las partes en el proceso. Que sea después, cuando el fiscal concluya su labor de investigación, cuando el juez de garantías o las partes puedan hacer las observaciones que estimen pertinentes, asegurando el principio de igualdad de armas. Y eso requiere aumentar la credibilidad de independencia del Ministerio Fiscal de cara a todo el mundo, Y, por supuesto, precisa de la concurrencia de unos elementos auxiliares imprescindibles como son unidades policiales y periciales, tributarias, intervención general de la Administración del Estado, etcétera, conectadas y dependientes en exclusividad de la Fiscalía. Esto permitirá, de alguna forma, transmitir la idea de que el fiscal no está a ningún tipo de condicionamiento a la hora de investigar.

En el Libro Blanco también se aboga por una mayor autonomía de gestión del ministerio público fiscal.

Esta es una de las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, ha hecho a España. Esta institución europea reconoce los pasos que se han dado pero ha recomendado a nuestro país que se siga aumentando el nivel de autonomía en la designación del Fiscal del Estado. Y yo estoy perfectamente de acuerdo. Creo que ese grado de autonomía significa limitar las posibilidades de indicaciones del fiscal general; potenciar los órganos representativos internos dentro de la carrera; y blindar la posición de los fiscales que estén investigando aquellos tipos delictivos o aquellas situaciones que pudieran, de alguna forma, dar a una cierta presunción de intervención por parte del Fiscal General del Estado.

¿Cuál considera que es la principal carencia de la Justicia en España?

Creo que es un conjunto de circunstancias. Sigo insistiendo en que para mí, básicamente, los elementos más importantes son, en primer lugar, hacer una reflexión acerca de la desjudicialización de funciones atribuidas actualmente a la Justicia por una reasignación a la Administración y, en parte, a la sociedad civil. Creo que tienen que ser protagonistas del carácter previo e instrumentos previos de acuerdos desde la mediación, arbitraje, etcétera. Y, en segundo lugar, considero que la creación de una Agencia Nacional de Tecnología resulta absolutamente imprescindible. Ahora mismo existe una fragmentación de competencias importante y creo que el paso para lograr que la Administración de Justicia tenga el nivel de tecnología que tiene Hacienda, la Seguridad Social o Tráfico, por poner tres ejemplos, me parece que es algo absolutamente esencial. Vamos muy retrasados al respecto, pero no porque no se hagan inversiones sino porque se hacen muy dispersas y sin una necesaria coordinación. Nunca ha habido, desgraciadamente, un plan de inversión tecnológica en la Administración de Justicia y lo estamos padeciendo.

Es necesaria que se haga una reforma profunda de la Administración de Justicia y que se haga, además, con un amplio consenso. Pero la Justicia en España, cuando uno la compara con ratios europeos, incluso en duración de procesos, no está en una situación caótica, enfermiza o decadente. Creo que tenemos una Administración de Justicia con problemas estructurales bastante comunes al resto de los países europeos. Claro que podíamos mejorar en ratios de rapidez de procesos, aunque estamos en el nivel medio del Viejo Continente; reducir tasas de litigiosidad; e invertir en tecnología y en especialización de personal auxiliar de la Administración de Justicia. Son todas tareas de mejora de unos extremos ciertamente importantes. Luego, cuando haya medios, hay que hacer ciertas operaciones legislativas de leyes órganicas y procesales.

Creo que, en general, la situación de la Justicia en España no es alarmante ni es caótica pero sí que es muy mejorable. Y debe mejorare, sin ningún género de dudas.

Ha repetido en varias ocasiones la palabra tecnología. ¿Considera que estar al día tecnológicamente es fundamental para el Sistema Judicial?

Vivimos en una edad en la que la comunicación y el aspecto digital es esencial, por lo que no tiene sentido que una organización como la de Justicia, que tiene que estar en contacto con la realidad social y resolver conflictos lo antes posible, esté tan poco al día de las realidades digitales y tecnológicas.

Siguiendo con la tecnología. ¿Qué le parece que se ponga coto a los insultos y amenazas que se lanzan desde la red?

Los delitos se producen siempre. ¿En qué formato se producen? Pues eso depende de esa realidad social. Creo que sí que es preciso que la nueva sociedad de comunicaciones, ese área global que llamamos internet, progresivamente, sin perder esas fantásticas posibilidades de comunicación y de libertad de expresión que tiene, se adecue al derecho. Internet no puede estar fuera o a espaldas del derecho como si fuera de, alguna forma, una pradera del Lejano Oeste que se está empezando a colonizar. Son perfectamente compatibles los derechos esenciales y fundamentales para la convivencia, como son el derecho a la información, libertad de expresión o libre opinión, con la protección de derechos como el honor, la dignidad y cualquiera de los otros derechos recogidos en el Código Penal.

Quizás sucede que mucha gente cuando se mueve en internet olvida los derechos recogidos en el Código Penal.

Los tipos penales están para proteger bienes jurídicos esenciales para la convivencia. Lo que no se puede hacer no se puede hacer. No se puede hacer ni en internet ni fuera de internet: lo que es una amenaza es una amenaza en la red y fuera de la red, lo mismo sucede con una injuria, un acoso sexual, la pornografía…

Otra cosa es que la forma de persecución del delito sea más complicada en un sitio que en otro. Y evidentemente que lo es, sin ningún genero de dudas. Pero creo que intentar decir que hay dos mundos paralelos y que en internet, la ley es una cosa distinta no es de recibo. Ese es el desafío que tenemos las sociedades actuales: cómo lograr, de alguna forma, que internet no sea un apartado en el que no rige la ley y el orden. No entiendo que pueda seguir existiendo el criterio de anonimato para vulnerar la ley o vulnerar los derechos fundamentales de los demás. Es imprescindible que las compañías que gobiernan internet entiendan, fundamentalmente, que la ley está hecha para todo el mundo y en todas las circunstancias.

¿Hacen falta más leyes en internet?

No necesariamente. Pero en el criterio que sigo insistiendo es en la regulación del anonimato en la red. Que sistemáticamente se le permita a uno funcionar anónimamente para vulnerar la ley, a mí me parece que en una sociedad democrática no tiene lógica.

¿Considera que se legisla mucho para la foto o al son de las portadas de los periódicos?

La llamada legislación motorizada, al filo de una noticia o de un suceso no tiene porque ser necesariamente mala. A lo mejor es una realidad social que ha surgido en ese momento. Pero si esa realidad ya estaba presente y sólo se espera una conmoción ciudadana para legislar pues, claro, ése no es buen criterio.

¿Tiene el Ministerio Fiscal suficientes medios para luchar contra la corrupción?

Sí, tenemos suficientes herramientas para poder actuar, aunque hay que afinar los medios de carácter tecnológico, unidades policiales, dependencia exclusiva de la fiscalía, redimensionar, a lo mejor, algunas plantillas, refinar algunas especializaciones… Pero significa mejorar sobre un terreno que es bastante exigente con respecto a la lucha contra la corrupción.

Sí que creo que el horizonte al que hay que avanzar es al de contar con una legislación que afinara más los tiempos para permitirnos a los jueces y fiscales acudir con más rapidez y para intentar concentrarnos en el núcleo importante del caso y no hacer grandes inquisiciones generales, que acaban llevando a excesivos macroprocesos.

Tras tantos escándalos de corrupción, entre los ciudadanos hay una cierta sensación impunidad…

Se tiene esa sensación y creo que, en términos generales, no es así. Lo que pasa es que los procesos en los casos de corrupción son tan lentos que no se percibe la realidad. Las investigaciones, a veces, son muy complejas y, en otras ocasiones, las hacemos nosotros aún más complejas. Pero, ahora mismo, un ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha sido condenado y hay empresarios, como Fidel Pallerols, y gerentes de partidos políticos, como el señor Bárcenas, que están en prisión. Así que yo no acabo de convencerme de que haya un tratamiento distinto para unos y para otros. Que se perciba eso por la lentitud de los procesos, lo admito. Pero no es cierto que los poderosos resulten exentos de castigo. Ojalá pudiéramos dar ejemplo, con todas las garantías, de poder enjuiciar estos delitos y que hubiera sentencias rápidas para que la ciudadanía percibiera lo que es una realidad: en la justicia no hacemos distinciones entre unos y otros. Lo digo con absoluta sinceridad.