El Ministerio de Economía está ultimando el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y los nervios ante la posibilidad que, en las próximas semanas, el proyecto de ley empiece su recorrido en las Cortes se están haciendo evidentes.

Por un lado, las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España han convocado una concentración en Madrid para el próximo 24 de julio donde quieren expresar su rechazo a esta normativa - así como al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -. Cabe recordar que el anteproyecto prevé la reducción de colegios profesionales a ámbito provincial y establece la colegiación obligatoria sólo para aquellos abogados que intervengan ante juzgados y tribunales.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha presentado hoy las conclusiones de un informe titulado ‘Valoración de los cálculos sobre cuota de colegiación introducidos en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales’ elaborado por Roland Berger Strategy Consultants. En él se asegura que el método de cálculo empleado por el Ministerio de Economía en el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales para estimar unas cuotas colegiales limitadas a 240 euros es “arbitrario y erróneo” y precisa que su aplicación tendrá un impacto negativo en el empleo de entre 4.000 y 10.000 despidos.

Empleos directos e indirectos afectados según el escenario. Fuente: Roland Berger Strategy Consultants

Según el CGAE, las cuotas de colegiación suponen una “fuente de financiación muy importante” en las corporaciones colegiales que se utilizan para cubrir gastos de personal (sueldos y salarios del personal contratado) y otros gastos de explotación de actividad (compra de material de oficina, publicaciones, seminarios, conferencias…) que revierten en el empleo indirecto.

En España hay aproximadamente 6.000 empleados directos que prestan sus servicios a los 1,3 millones de profesionales colegiados que, según la consultora, podrían verse afectados por el anteproyecto de Ley de Servicios y de Colegios Profesionales. Recopilando datos de distintas profesiones, el informe considera que una gran mayoría de corporaciones colegiales tienen un ratio de 221 colegiados por cada empleado.

Roland Berger realiza su estudio en base a nueve escenarios que suponen una reducción de empleos, incluyendo también a los indirectos, que oscila entre 4.000 y 10.000 despidos y asegura que “la imposición límite, claramente arbitraria, de los 240 euros puede suponer un grave perjuicio para la economía española”.

Aparte de la reducción de ingresos que sufrirán las corporaciones colegiales, el informe asegura que estas instituciones tendrán que indemnizar a los despedidos en función de su antigüedad en el empleo, con un impacto adicional para los Colegios Profesionales que oscila en el rango entre 11 y 50 millones de euros en el primer año de ajuste.

Un cálculo discutido

La memoria económica del anteproyecto justifica el cálculo de 240 euros en base al número de declaraciones del IRPF del periodo 2007 a 2010 dividiendo la cantidad deducida por cuotas satisfechas a Colegios Profesionales en rendimientos del trabajo (137,5 millones de euros) entre el número total de declarantes acogidos a esta deducción (550.000 personas).

Sin embargo, el informe publicado hoy indica que estos datos del Ministerio de Economía “son erróneos y arbitrarios porque gran parte de los 1,7 millones de profesionales colegiados no trabajan por cuenta ajena, por lo que no declaran como rendimientos del trabajo sino como rendimientos de actividades económicas”. Según el estudio, la memoria económica tampoco contempla las deducciones de los declarantes que trabajan por cuenta propia.

Además, según la consultora, las deducciones estimadas sobre las cuotas satisfechas “son un dato engañoso, ya que están limitadas hasta 500 euros, mientras que las cuotas de muchos profesionales en España superan con mucho estos límites”.

Partidarios de la reforma

En una entrevista publicada este mes en Diario Jurídico, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, adelantó que no habría “ningún cambio sustancial respecto al anteproyecto de ley ya aprobado”, aunque sí que reconoció que habían propuesto “algunos ajustes en aspectos que afectan a los abogados y a los procuradores”.

Ante la oposición del Consejo, algunas voces sí contemplan la reforma como algo positivo. Nazario de Oleaga, que durante 10 años fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, manifestó su apoyo al proyecto en una entrevista en Diario Jurídico en la que defiende que todos los colegios tengan el mismo peso y  den un nivel de servicios igualitario a sus colegiados y asegura que las instituciones de la abogacía “solo defienden la permanencia de sus decanos, de sus juntas de gobierno y de sus privilegios”.

Cuota anual de colegiación satisfecha por distintos colectivos profesionales en España (euros / año)

También ven la reforma con buenos ojos entidades como la Asociación ‘Cuota Colegial mínima‘, que promueve acciones para que los colegios profesionales de adscripción obligatoria tan solo puedan exigir una cuota periódica básica que sirva exclusivamente para cubrir el coste mínimo que garantice el cumplimiento de las obligaciones exigidas por ley, sin perjuicio de que establezcan otras cuotas suplementarias optativas, dirigidas a aquellos colegiados que quieran recibir servicios adicionales.