El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido este jueves para votar el proyecto de presupuesto de la Comisión Permanente y los informes a los Anteproyectos de Ley de Patentes y de Ley por la que se regula el Estatuto de Miembro Nacional de Eurojust.

Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ aprobó el proyecto de presupuesto para 2015 la semana pasada. En esta ocasión, el Pleno ha aceptado el proyecto que contempla una cifra total de 54.883.560 euros, lo que supone una reducción del 5,3% respecto al año pasado. Esta cifra es la más baja de los últimos 12 años. Una de las partidas que más se recortan es la dedicada a los altos cargos, con una bajada del 25’25%.

El Pleno también ha aprobado el informe al Anteproyecto de Ley de Patentes redactado por la vocal Mar Cabrejas, que propone, entre otras medidas, concentrar en los órganos de lo mercantil el enjuiciamiento de la validez de las patentes. El motivo de la concentración es intentar dar agilidad y solvencia a las resoluciones sobre esta materia, que es muy técnica y compleja.

De esta forma se espera dar mayor seguridad jurídica en un campo que es de gran relevancia para las empresas. En el mismo informe, el CGPJ propone que la cuantificación de las cantidades que corresponden por daños y perjuicios se posponga hasta después de que se haya reconocido la violación de la patente, para evitar entrometerse injustificadamente en secretos empresariales del presunto infractor.

Por último, el Pleno del CGPJ también ha aprobado el informe al Anteproyecto de Ley por el que se regula el Estatuto del Miembro Nacional de Eurojust y las Relaciones de este Órgano de la Unión Europea, de las Redes Judiciales de Cooperación Internacional y los Magistrados de Enlace, redactado por los vocales Nuria Díaz y Fernando Grande-Marlaska. El CGPJ solicita así que se establezca a su favor la competencia de nombrar al representante español en este organismo europeo destinado a la cooperación en materia de investigación de delincuencia organizada. De momento el Anteproyecto prevé que esta potestad sea del Ministerio de Justicia.