La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert ha enunciado el envío de una carta al Comisario de Justicia, Derecho Fundamentales y Ciudadanía de la Comisión Europea, Johannes Hahn, y a su predecesora en el cargo y desde primeros de julio, parlamentaria europea, Viviane Reding, en la que  solicita que exija al Gobierno español la inmediata revisión del Proyecto de Ley de Justicia Gratuita, con suspensión de su tramitación parlamentaria, y la inmediata reformulación de la misma, en los términos y  valores que esta Comisión defiende en Europa de justicia, derechos fundamentales y ciudadanía.

En su escrito, Sonia Gumpert, señala que la abogacía española, como gestora del Servicio Público de Justicia Gratuita, conoce muy bien su actual problemática y está en la mejor disposición para bordar y contribuir a la reforma y mejoras de este servicio en beneficio del ciudadano y del abogado prestador del mismo, en el contexto de la actual realidad social y económica.

Además, insiste que el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita restringe “considerablemente” el servicio público ylo burocratiza “en exceso” en perjuicio de los ciudadanos, de la administración pública, de la justicia y de los Colegios de Abogados gestores del servicio.

También recuerda que el Consejo General de la Abogacía y los propios Colegios formularon, en su momento, las correspondientes enmiendas de esta Ley, constituyéndose, posteriormente, una mesa de reuniones con el Ministerio de Justicia para estudiar el proyecto.

La decana del ICAM, Sonia Gumpert, asegura que en estas reuniones se ha podido comprobar que el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está basado en principios netamente económicos y, en objetivos estrictamente presupuestarios inscritos, en el Plan de recuperación económica del Gobierno de España y, en claro detrimento del derecho constitucional a la tutela efectiva que proclama la Constitución, al tratarse de un servicio público en condiciones de igualdad a quienes carecen de recursos económicos.

En la misiva, también se denuncia que la recaudación procedente de las Tasas Judiciales, desde la entrada en vigor de la Ley, no se ha destinado a la Justicia Gratuita, provocando la consiguiente reacción de algunas Comunidades Autónomas.