El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado un Real Decreto por el que se crean un total de 282 plazas de jueces y magistrados, para adecuar la planta judicial a las necesidades actuales existentes en la Administración de Justicia y contribuir a la lucha contra la corrupción. La asignación de las plazas se ha realizado en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y con acuerdo con las distintas comunidades autónomas.

Estas nuevas plazas serán efectivas desde el 1 de enero de 2015. De ellas, 167 se corresponden con la categoría de juez de adscripción territorial, es decir que son de hecho jueces sustitutos y de refuerzo de los magistrados titulares, pero cambiaron de nombre a raíz de su profesionalización en 2010. El resto, 112 plazas más, tienen por objeto aumentar los efectivos en distintos órganos colegiados: 108 pertenecen a distintas Audiencias Provinciales, 2 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otras 2 a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De este modo, se refuerza la actuación de jueces y magistrados en el orden penal, y en concreto, su lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de la que la justicia sea cada vez más rápida y eficaz.

Además, se crean y constituyen 3 nuevos juzgados de lo penal, en Huesca, Palma de Mallorca y Tortosa.

Además de estas plazas se crean dos más, de magistrado, para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, también relacionadas con la lucha contra la corrupción impulsada por el Gobierno.

El Real Decreto supone la mayor creación de plazas judiciales de los últimos 25 años. Hay que remontarse a 1989 para encontrar una creación de plazas similar, cuando se constituyeron 303 unidades judiciales, si bien la razón estuvo en el despliegue de los Juzgados de lo Penal.

De hecho, esta creación de plazas llega después de 3 años consecutivos en que muchos integrantes de las promociones judiciales no obtenían plaza de titular porque no se creaban nuevas unidades judiciales, y quedaban como jueces de apoyo a los jueces de adscripción territorial. De hecho, este mismo año, ningún integrante de la promoción obtuvo una plaza de titular.

En esta línea, el Ministerio de Justicia pretende, en fechas próximas, elevar a Consejo de Ministros una medida similar en orden a la ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, de tal manera que se intensifiquen los mecanismos de control que garanticen una pronta respuesta ante esta lacra de la corrupción. Además, el Ministerio ultima los detalles del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilizará los procesos penales.