El presidente del Congreso, Jesús Posada, recibe a Carlos Lesmes

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados dónde ha solicitado una nueva organización de los tribunales para mejorar el funcionamiento de la Justicia y adaptarla a las necesidades del s.XIX.

Lesmes considera que es preciso un cambio “profundo” en la organización de los Tribunales, tanto territorial como funcional, una redefinición de la carrera de los jueces, el impulso de una oficina judicial moderna, la introducción y mejora del uso de las nuevas tecnologías y la potenciación de la seguridad jurídica con un nuevo diseño del recurso de casación y de la posición institucional del Tribunal Supremo.

Para Lesmes esto debe ir unido a la creación de nuevas plazas de jueces pero considera que la organización es “inadecuada” para la realidad española y que por eso la creación de más de 2.500 plazas judiciales no ha servido para disminuir proporcionalmente la pendencia.

En la misma necesidad de cambio, ha añadido Lesmes, incurre la Ley de Planta y Demarcación de 1988, ya que desde su publicación el sistema de Justicia se ha visto sometido a los cambios de la sociedad española, con un incremento de la población de más del 15 % y un aumento de la litigiosidad del 100 % en los últimos veinte años.

En su intervención, el presidente del TS y del CGPJ ha hecho especial referencia al proceso penal, del que ha dicho que no responde correctamente a las necesidades del momento actual, incrementadas de manera sustancial por el gran número de casos de corrupción y macrocausas que se tienen que resolver.

Después de casi setenta modificaciones en tres siglos distintos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, se ha convertido en un texto complejo, desarticulado e irreconocible, lo que ha hecho que su “reforma integral” haya devenido una demanda reiterada, ha dicho Lesmes.

Para Lesmes, la reforma debe centrarse en el papel del juez para asegurar la tutela de los diferentes intereses desde una posición de imparcialidad, lo que obliga a reformar la tarea de instrucción de los procesos, para fortalecer el derecho de defensa. “El objetivo último ha de ser la eficacia en la Justicia Penal, con la finalidad de que se obtengan, con respeto a las garantías de los justiciables, prontas condenas y que éstas se cumplan de forma inmediata y sin dilaciones”, ha concluido.

Para el presidente del TS, las reformas son necesarias para garantizar que la justicia funcione porque sino “no hay Estado de Derecho ni hay regerenación de las instutciones”. La garantía del sometimiento al imperio de la ley de los ciudadanos y de los poderes públicos, ha añadido, corresponde en última instancia a los jueces y magistrados que forman el Poder Judicial, de modo que solo será posible la efectividad del Estado de Derecho con una Justicia que funcione.

Radiografía de la Justicia en España: primer semestre de 2014

En su comparecencia, Lesmes también ofreció datos sobre la Justicia en España en el primer semestre de 2014. En estos meses, en los Juzgados y Tribunales españoles ingresaron 4.424.561 asuntos y fueron resueltos 4.569.211. El número de asuntos en trámite a 30 de junio era de 2.539.665 y la cifra de sentencias dictadas hasta esa fecha de 846.823.

Las cifras indican que la tasa de litigiosidad global apenas ha experimentado variación (0,6 %), aunque se observa un aumento en la jurisdicción civil (13,3 %) y en la contencioso-administrativa (8,5 %) y un descenso en la penal (2,4 %) y en la social (7,1 %). Por otra parte, la tasa de resolución global ha disminuido un 2,4 %, aunque la de pendencia ha bajado el 2,2 % y la de congestión se ha reducido en un 0,7 %.

Los datos indican asimismo que la duración media de los procedimientos ha bajado considerablemente respecto al primer semestre de 2013 –un 3,9 % en primera instancia y un 8,7 % en segunda instancia-, salvo en el Tribunal Supremo, donde ha aumentado un 2,5 %.