Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación Progresista de Fiscales (UPF) ofrecieron una rueda de prensa conjunta el pasado viernes para manifestar su preocupación por el “descrédito” que los casos de corrupción están suponiendo para las instituciones políticas y también para el sistema judicial, porque “parece que no pueda afrontarlos”. En este sentido, piden “medidas enérgicas”, tanto para mejorar la respuesta judicial como sobre todo para mejorar el control preventivo.

Bosch y García durante la rueda de prensa

Una de las claves, para los juristas, es la transparencia: “No se pueden generar espacios de impunidad y para eso todo debe ser público y fácilmente accesible. Con las nuevas tecnologías esto ya no es una quimera”, aseguró Álvaro García, portavoz y presidente de UPF.

Además, las dos asociaciones quieren más control interno dentro de las administraciones y más control externo, a través de organismos como el Tribunal de Cuentes. “Tiene que haber controles estrictos allí dónde la experiencia demuestra que está la corrupción: en la regulación urbanística y en los grandes contratos públicos”, explicó Joaquim Bosch, portavoz nacional de JpD. Otro aspecto que según las dos asociaciones debería ser objeto de mayor control es la financiación de los partidos. Así, Bosch planteó: “El sistema jerarquizado que tenemos de partidos favorece la corrupción, ¿Cómo puede ser que ni los militantes de los partidos sepan como se finanzan?”.

Otro factor clave es mejorar la investigación de estos casos para evitar la sensación de “impunidad”. Para ello, UPF y JpD proponen que la policía cuente con más medios y más agentes experimientados en la persecución de este tipo de delitos.

También los juzgados y tribunales necesitan más medios y personal porque están saturados. “Hacen falta más fiscales y más jueces, no tiene ningún sentido que seamos de los países con más casos abiertos de corrupción y a la vez estemos a la cola de Europa en en ratio de jueces por habitante”, asegura el portavoz de JpD. García coincide con él: “Apoyamos a JpD en todas sus reivindicaciones sobre las circunstancias laborales de los jueces, la disposición de medios materiales y las circunstancias laborales repercuten directamente sobre la calidad de la justicia”.

UPF y JpD también coinciden en señalar que el procedimiento penal está muy anticuado. “En toda la democracia no se ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es imposible que una ley del siglo XIX dé respuesta a la delincuencia compleja”, se lamenta García. Para Bosch, es necesario agilizar el proceso penal: “ahora mismo el proceso está pensado para otro tipo de delincuencia, hay que agilizarlo mucho más”.

Las dos asociaciones señalan sin embargo que todas estas medidas requieren una auténtica voluntad política de afrontar el problema. Por eso reclaman que tanto las instituciones como los partidos políticos se impliquen realmente en atajar el problema. “El Gobierno no puede mirar a otro lado, se está poniendo en riesgo nuestro estado democrático”, señala Bosch. García cree que los políticos aún no son conscientes de la verdadera dimensión del problema: “Los políticos no entienden la percepción de la gente de qué no les representan, están provocando lo peor que le puede pasar a la democracia, el descrédito de sus instituciones”.

En este sentido, ambos representantes también han solicitado a los políticos que asuman su parte en la lucha contra la corrupción en vez de dejar toda la respuesta en manos de los tribunales. “Los políticos sólo hablan de los fenómenos de corrupción judicializados y sólo reaccionan ante pronunciamientos de los tribunales, pero son ellos quienes tienen que gestionar sus casos de corrupción, sean o no delitos, lo contrario es dejar el control de la vida política del país en manos de los tribunales”, asegura García. Para Bosch, sino hay un cambio de actitud el problema persistirá: “ante las mismas variables veremos las mismas consecuencias“, rebela.

Coartación de libertades

La rueda de prensa también ha servido para expresar la preocupación de ambas asociaciones por algunas de las reformas legislativas que están en marcha porque coartan las libertades de los ciudadanos.

“Estamos en contra de la reforma del Código Penal porque se aumentan las penas y se propone la cadena perpetua cuando el número de delitos está bajando, las cárceles están sobresaturadas y la gente no tiene sensación de inseguridad”, explica el portavoz de JpD.

Otra de las reformas criticadas ha sido la Ley de Seguridad Ciudadana. Así, García ha asegurado que “se está perdiendo el espacio público, tenemos miedo a la protesta cuando son derechos constitucionales que definen nuestro sistema, hay que protegerlos”. Para Bosch, lo que se intenta es “castigar hechos que los tribunales y juzgados han considerado que no tienen relevancia penal convirtiendo la Administración en juez y parte”.

Por último, las asociaciones han manifestado su preocupación por el trato que están recibiendo los inmigrantes que intentan cruzar la frontera de Melilla. “El tratamiento que se está dando a los inmigrantes no cumple con el respeto a la dignidad humana que cualquier Estado debe respetar más allá de su particular política de inmigración”, defiende García.