La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha denunciado, a través de un comunicado de prensa, “el incumplimiento reiterado por el Gobierno de Navarra de sus obligaciones” en el ámbito de la Administración de Justicia durante los últimos cinco años.

En un acuerdo adoptado por el pasado día 17 por cuatro votos a favor  y tres en contra —entre ellos el del presidente del TSJN—, la Sala de Gobierno considera que “durante todo este tiempo hasta las solicitudes más significativas que se han planteado han sido constantemente rechazadas”. “El Gobierno de Navarra no tiene el suficiente compromiso presupuestario como Administración para garantizar las dotaciones mínimas que permitan que el esfuerzo de funcionarios, secretarios judiciales, jueces y magistrados proporcionen un servicio público de calidad y sin dilaciones”, afirma la Sala de Gobierno, que entiende que esta actitud del ejecutivo foral, “dada su gravedad y persistencia”, debe ser trasladada a la opinión pública.

“Durante estos años no lo hemos hecho pero la justificación de la crisis económica no puede amparar más la situación que padecemos ya que, además, el transcurso del tiempo nos va situando ante unas carencias que consideramos graves y que afectan seriamente al servicio que prestamos a los ciudadanos”, explica la Sala de Gobierno.

El texto aprobado por mayoría agrupa en cinco puntos “los incumplimientos más relevantes” para el correcto funcionamiento de los órganos judiciales: la necesidad de implantación de un registro general y de la oficina judicial, la problemática por el refuerzo de funcionarios y la cobertura de vacantes de los mismos, el insuficiente número de abogados de guardia, la falta de incremento de la plantilla de peritos y el insuficiente presupuesto destinado a los nuevos proyectos informáticos.

Precisamente la asociación de Jueces para la Democracia demandó, la pasada semana, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por la falta de prevención de los riesgos laborales a los que están expuestos los jueces, especialmente por la sobrecarga de trabajo que soportan. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones judiciales cerraron este lunes, durante la reunión de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, el borrador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial.

En el caso de Navarra, votaron a favor del acuerdo Edilberto Esteban Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona; Mari Paz Benito Osés, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona y jueza decana; Margarita Pérez-Salazar Resano, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Pamplona; y Sandra Vázquez Calatayud, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tafalla. El magistrado Víctor Cubero Romeo, presidente de la Sala de lo Social del TSJN, propuso que, a pesar de estar completamente de acuerdo con los términos del acuerdo, se debería comisionar al presidente del Tribunal Superior de Navarra para que realizase nuevas gestiones ante el Gobierno foral “con el fin de obtener soluciones a los problemas que se plantean”. En este mismo sentido se pronunció la magistrada Esther Erice Martínez, presidenta de la Audiencia de Navarra, una opción que fue rechazada por la mayoría. El presidente del TSJN, Joaquín Galve Sauras, votó en contra de la resolución adoptada.