No es muy habitual que la mayoría de asociaciones judiciales se pongan de acuerdo para emitir comunicados conjuntos. Han sido los continuos episodios de corrupción política los que han provocado la indignación de jueces y fiscales, que han reclamado la adopción de ocho medidas para combatir la corrupción, a través de un insólito comunicado conjunto emitido este miércoles. La primera medida, y la que han solicitado de forma más contundente, es evitar las “inaceptables” injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano del Poder Judicial.

Jueces y fiscales lamentan que el desarrollo del modelo constitucional del Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido “pervirtiendo” el modelo de separación de poderes y aseguran que los partidos políticos “de uno y otro signo” han tratado de preservar “relevantes facultades de control” sobre quienes tienen el deber de juzgarles.  “Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho”, añaden.

Las distintas asociaciones que firman el comunicado – Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales - también consideran que la responsabilidad de la regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta “necesaria e ineludible” para la lucha contra la corrupción, dicen, si bien aseguran que son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

Las asociaciones, entre las que no figuran la Asociación Profesional de la Magistratura ni la Asociación Nacional de Jueces, piden un incremento “inmediato” del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de jueces y fiscales en España a la media europea. También reclaman que se incrementen las unidades de Policía Judicial y de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado para reforzar los órganos que investiguen causas de corrupción y que se instaure un nuevo modelo procesal penal, apto para combatir los casos de delincuencia organizada y las “formas de criminalidad del siglo XXI”.

Los jueces y fiscales piden también que se revise el Código Penal para sancionar como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, que se reduzca el número de aforados en el ámbito político y que se limite el aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. Por último, reclaman que se reforme la Ley del Suelo y las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en la ejecución.