Eduardo Torres-Dulce

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950) ha presentado su dimisión al ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de estar tres años en el cargo. En un breve comunicado emitido por la propia fiscalía, Torres-Dulce dice que la renuncia se debe a “motivos personales” y que regresará a su plaza en la fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

El máximo representante del ministerio público, que relevó a Cándido Conde-Pumpido en el puesto cuando fue nombrado por el Consejo de Ministros en enero de 2012, era antes fiscal de sala en el Tribunal Constitucional y pertenece a la Asociación de Fiscales, de “signo” conservador.

A lo largo de su mandato ha protagonizado fuertes tensiones con el Ministerio de Justicia, al reclamar en muchas ocasiones más autonomía en la investigación de procesos penales así como un incremento de recursos y cambios legislativos para reforzar su independencia.

En una entrevista concedida a Diario Jurídico el pasado mes de julio, Torres-Dulce se mostró optimista en relación al estado de la Justicia española, aunque reconoció que era necesaria una “reforma profunda” y que debería hacerse con un amplio consenso.

En relación a la corrupción, el entonces fiscal general del Estado dijo que había que “afinar” los medios de carácter tecnológico, unidades policiales, dependencia exclusiva de la fiscalía, así como algunas especializaciones. También afirmó que en un horizonte cercano, la legislación debería “afinar” más los tiempos para permitir a los jueces y fiscales acudir con más rapidez y concentrarse en el núcleo importante del caso y “no hacer grandes inquisiciones generales, que acaban llevando a excesivos macroprocesos”.

La dimisión también tiene lugar poco después de la celebración del referéndum alternativo en Cataluña, en el que el Fiscal General desatendió las órdenes del Gobierno de presentar una querella contra Artur Mas por seguir adelante con el proceso de participación. Sin embargo, tras celebrarse la consulta y después de días de polémicas entre el Gobierno y la Fiscalía y de discrepancias sin precedentes en el seno de la institución, Torres-Dulce acabó ordenando al fiscal superior de Cataluña que presentara la querella.

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