La combativa lucha que ha emprendido la Justicia contra la discutida Ley de Tasas Judiciales ha obtenido un respaldo unánime en la abogacía. La práctica totalidad de este colectivo cree que el tasazo, auspiciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impedirá que los ciudadanos puedan acceder al derecho a la tutela judicial efectiva.

Según el Barómetro Interno de Opinión de la Abogacía Española 2013, que ha presentado este jueves el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, el 92% de los letrados cree que las tasas llevarán a muchos ciudadanos a renunciar a defender sus derechos por razones económicas y el 86% asegura que darán lugar a una Justicia dual, de ricos y de pobres.

Esta conclusión enlaza con el rechazo, también contundente, del 83% de los ciudadanos en el último estudio que realizó Metroscopia para el CGAE. “No recuerdo un caso en el que se haya producido un acuerdo tan espectacular como éste: tanto los abogados, como el CGAE y los españoles están masivamente en contra de las tasas judiciales”, afirmó Toharia. La encuesta, que recoge la opinión de 2.900 letrados ejercientes, muestra, según el presidente de Metroscopia, que el colectivo tiene una única y común voz respecto a la controvertida decisión del Ministerio de Justicia.

Así, el barómetro asegura que un 94% de la abogacía está a favor de que el CGAE promueva un recurso contra las tasas en el Tribunal Constitucional. El 96% cree, además, que la cartera que dirige Gallardón debería haber buscado el acuerdo con las partes, antes de aprobar con carácter urgente la ley; y tres de cada cuatro profesionales considera que Justicia ha improvisado su aplicación.

Carnicer, ataviado con una insignia que reza “Tasas No/ Justicia para todos”, aseguró que desde que entró en vigor la norma (no ha cumplido un mes debido a que un error administrativo impidió su inmediata aplicación), “ha habido muchos clientes que han renunciado a interponer un recurso por no poder pagar el importe de la tasa”. Y lo sostuvo con los primeros datos que certifican que la ley de Gallardón ahuyenta los procesos judiciales: según la secretaría de gobierno del juzgado decano de Zaragoza ha habido un descenso de asuntos en materia contencioso-administrativa del 45%; en laboral, del 18%; y en civil, del 11,6%. “La caída más espectacular es en la que lucha el ciudadano contra el poder”, recalcó Toharia, en referencia a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Buenos jueces, mala justicia
El barómetro del CGAE también ha preguntado a los abogados por la situación de la Justicia y las respuestas son, una vez más, coincidentes: el 74% define como malo o muy malo su funcionamiento, y el 77% exculpa a los jueces y cree que la disfunción se encuentra en la forma en la que está organizada y, sobre todo, en los políticos: el 92% de los abogados consultados critica que los gobiernos muestran más interés por controlar la Justicia que por modernizarla. “Es un juicio demoledor”, reconoció Toharia, que añadió que dos de cada tres letrados piensa que, a pesar de todo, los jueces preservan su independencia, “un diagnóstico que coincide con el de la ciudadanía”, apostilló.

La crisis como telón de fondo
Con respecto a la Justicia Gratuita, la gran mayoría de los encuestados alerta de que con los recortes en las retribuciones del Turno de Oficio va a resultar imposible mantener la calidad del sistema. La crisis también hace mella en este colectivo, en el que uno de cada tres abogados (un 35%) reconoce que atraviesa dificultades, un porcentaje que se dispara al 77% cuando se pide a los entrevistados que evalúen el efecto de la coyuntura económica sobre el conjunto de los profesionales.

Barómetro interno de opinión de la Abogacía Española – Enero 2013

Publicado en: diariojuridico.com